El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, dirigido por Pablo Bustinduy, ha abierto una investigación a diversas agencias inmobiliarias que habrían llevado a cabo prácticas abusivas contra inquilinos en la gestión del alquiler.
Según ha podido constatar este ministerio, las empresas investigadas operan en todo el territorio español, aunque no detalla los nombres de las agencias ni cuántas se están investigando. En concreto, intentan detectar si habrían cometido prácticas abusivas sobre los inquilinos tales como el cobro de comisiones por la gestión del arrendamiento, la imposición de contratos temporales sin que la temporalidad estuviera justificada. y la inclusión de cláusulas abusivas.
La Dirección General de Consumo ha podido conocer que se estarían realizando estas prácticas a través de diversas denuncias presentadas por asociaciones de consumidores. Desde el organismo recuerdan que trasladar a los inquilinos los gastos de gestión inmobiliaria y de formalización del contrato es una práctica prohibida, así como la firma de contratos temporales en los que la temporalidad no esté justificada.
El ministro Pablo Bustinduy, en una entrevista en Al Rojo Vivo, ha señalado que no puede especificar el número exacto de las inmobiliarias que se están investigando debido a que es una operación que se encuentra en curso. Un momento que ha aprovechado para recalcar que lo que buscan con esto es que "se cumpla la ley y no haya impunidad".
En cuanto a por qué no se ha actuado antes, Bustinduy ha señalado que abrir una investigación requiere de "una fase previa" que lleva sus tiempos. Sin embargo, ha destacado que están trabajando para poner "orden en el mercado del alquiler", recordando que las empresas "deben respetar la ley".
El Ministerio que dirige Bustinduy, recuerda que la vivienda es un derecho y un bien de primera necesidad amparado por la Ley de Arrendamientos Urbanos, normativa que impide a las agencias inmobiliarias incluir cláusulas o prácticas que atenten contra los derechos que tienen los inquilinos.
El incumplimiento de las normas reguladoras de precios con la imposición injustificada de condiciones sobre prestaciones no solicitadas y el uso de prácticas comerciales desleales son infracciones que podrían calificarse como graves, teniendo una sanción que puede llevar a multas de hasta 100.000 euros. Una cantidad que puede sobrepasarse hasta alcanzar entre cuatro y seis veces el beneficio ilícito obtenido.
En cuanto a la introducción o existencia de cláusulas abusivas en los contratos, la ley recoge que se trata de una infracción muy grave, siendo sancionada con multas de hasta un millón de euros. Además, puede sobrepasar esas cantidades hasta alcanzar entre seis y ocho veces el beneficio ilícito obtenido.
Sobre los derechos de los inquilinos, desde Consumo ya se han llevado a cabo acciones informativas con los operadores del mercado sobre potenciales conductas abusivas en los contratos de alquiler. Se tratarían de prácticas que también son contrarias a la normativa vigente como exigir a inquilinos e inquilinas el pago de fianzas desproporcionadas, que asuman garantías adicionales o que tengan que pagar mensualidades adelantadas.
