El exvicepresidente del Gobierno y ex director gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Rodrigo Rato, se ha sentado nuevamente en el banquillo este viernes. Su defensa ha pedido durante la primera sesión del juicio por el origen de su fortuna que se anule la causa, basada en pruebas obtenidas sin garantías y un registro que vulneró su derecho a la intimidad que respondía a una denuncia "mendaz" de la Fiscalía.
Durante la presentación de la primera de las ocho cuestiones previas que va a plantear, la defensa de Rato ha pedido la nulidad de las actuaciones y en particular de la entrada y registro del domicilio de Rato, que tuvo lugar en 2015, ya que en su opinión se vulneró "la inviolabilidad del domicilio, el secreto de las comunicaciones y la intimidad".
La abogada María Massó, que ha intervenido durante algo más de cuatro horas, ha indicado que "en caso de no aceptarse su petición de nulidad de la causa", el tribunal debería eliminar la documentación incautada durante dicho registro, ya que parte de ella se obtuvo sin las suficientes garantías procesales.
Causa general contra Rato
La denuncia de la Fiscalía, ha relatado la letrada, imputa a Rato cinco delitos contra la hacienda publica, dos del IRPF y tres del impuesto de sociedades, algo que no se sostiene entre otros motivos porque "las bases de datos de la Agencia Tributaria no pueden ser consideradas pruebas", ha afirmado Massó. La denuncia "era mendaz", ha afirmado la abogada, y "los hechos tal y como están redactados son contradictorios y atípicos, ya que se afirma una cosa y la contraria", con lo que en realidad lo que se ha planteado es una "causa general" contra Rato.
Entre otras cuestiones previas planteadas por las partes, destaca la solicitud del que fuera "mano derecha" de Rato, José Manuel Fernández Norniella, para que se le exima de acudir a las sesiones, previstas hasta finales de mayo de 2024, por motivos de salud, petición que ha sido aceptada.
Incluyendo las pruebas testificales, periciales, documentales y conclusiones, el juicio, el tercero al que se enfrenta Rato tras el de las tarjetas 'black' de Caja Madrid y la salida a Bolsa de Bankia, se alargará hasta el 23 de mayo de 2024.
Rato ha pedido que se le dispense de asistir a todas las sesiones, para evitar que su incomparecencia obligue en alguna ocasión a suspender la vista.
La Fiscalía pide para el exvicepresidente cerca de 70 años de cárcel por presuntos delitos de blanqueo de capitales, corrupción entre particulares y delito fiscal, conclusiones que comparte con la Abogacía del Estado, en tanto que la defensa de Rato alega que gran parte de esos hechos habrían prescrito, los comprendidos entre 2005 y 2010.
La sección séptima de la Audiencia Provincial, que preside la magistrada Ángela Acevedo, es la encargada de juzgar a Rato, más de un año después de que el Juzgado de Instrucción número 31 de Madrid acordara remitirle las actuaciones del caso para su enjuiciamiento, tras siete años de instrucción de un procedimiento en el que se acumularon más de 70.000 documentos. De ellos, ha asegurado la abogada de Rato, unos 40.000 no deberían figurar en la causa, ya que se obtuvieron de forma ilegal.
La Fiscalía aseguraba en su escrito haber identificado incrementos patrimoniales no justificados entre 2005 y 2015 por un importe total de 15,6 millones de euros, además de rendimientos de capital mobiliario en el exterior tampoco declarados a Hacienda, y 7,4 millones defraudados a la Agencia Tributaria.
A esta última cifra habría que añadir la tributación de servicios profesionales a través de sus sociedades, con lo que las cuotas defraudadas ascenderían a 8,5 millones de euros. También veía "indicios racionales" de que el también exministro, siendo presidente de Bankia, cobró indebidamente comisiones por los contratos de publicidad de la entidad con Publicis y Zenith, relativos a la fusión y salida a Bolsa, que se habrían derivado a diversas sociedades logrando "difuminar el origen del dinero".
En total son 17 los acusados, entre los que figuran el que fuera administrador de varias sociedades vinculadas a Rato, Miguel Ángel Montero, o el ex secretario general de Telefónica Ramiro Sánchez de Lerín, para el que la Fiscalía ha rebajado en parte la responsabilidad civil por los pagos efectuados a Rato por la operadora. Por el delito de blanqueo de capitales está también acusado Santiago Alarcó, excuñado de Rato; mientras que en el de corrupción entre particulares está su antigua secretaria, Teresa Arellano, y Fernández Norniella.
