Tras sufrir un desahucio hace dos años, Bajta y su marido se mudaron con su hijo a un piso de alquiler. Ahora amenazan con echarles de casa por segunda vez.
La ley los deja en desamparo, ya que como son viviendas en alquiler, esas familias no pueden acogerse a los supuestos de excepción de los desahucioios para familias. Ante su desesperación han decidido acudir a la plataforma Stop Desahucios.
El portavoz del colectivo Stop Desahucios de Alicante, José María Copete, ha propuesto que el Ayuntamiento de la ciudad "se adapte a la situación actual" y elabore "un nuevo plan para luchar contra las nuevas formas de pobreza masiva" que permita el acceso a la vivienda de los más desfavorecidos. Copete se ha referido a un antiguo programa municipal para erradicar el chabolismo y la marginalidad, y ha hablado de que "hoy existen nuevas situaciones de pobreza", por lo que, a su juicio, es "necesario un nuevo plan que permita el acceso de todos a la vivienda".
El portavoz de Stop Desahucios ha realizado estas declaraciones durante una concentración de la plataforma ante la sede del Patronato de la Vivienda de Alicante.
Esta acción ha servido para "dar apoyo" y exponer los casos de varias familias en vías de desahucio por el impago de sus alquileres, que han mantenido una entrevista con técnicos del Patronato de Vivienda para buscar una solución a su situación.
Una de las afectadas, Ismara Sánchez, ha relatado que tiene previsto ser desahuciada el próximo día 7 junto a su marido y sus tres hijos, dos de ellos menores de edad. La familia es de origen cubano y, según han explicado, son "disidentes políticos" que se acogieron a un plan promovido por la Iglesia católica para residir legalmente en España, con un permiso de trabajo de cinco años y una ayuda de alrededor de trescientos euros mensuales.
Sánchez ha denunciado que, desde que llegaron a España en 2011, no han encontrado trabajo, razón por la que el pasado mes de julio dejaron de abonar el alquiler de su vivienda, de 400 euros mensuales.
La familia, que se encuentra en régimen de protección subsidiaria en España, solicita ahora la concesión de un alquiler social y ha iniciado los trámites para que se les otorgue el reconocimiento como "asilados políticos".
