Están acusados por allanamiento de morada y resistencia y desobediencia civil. Los afectados por la hipoteca que han ocupado la sede del banco malo, protestaban en contra de los desahucios y pedían que no se vendiesen las viviendas retenidas de los desahucios.
La Policía ha desalojado a los cerca de 40 activistas de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca que ocupaban la sede del SAREB, el 'banco malo', ubicada en el paseo de la Castellana número 89. Treinta de ellos han terminado detenidos por un delito de allanamiento de establecimiento abierto al público y por resistencia y desobediencia.
Eso, tras llevar 4 horas concentrados en la entidad negándose a abandonarla. El propio director de la entidad se ha dirigido a una comisaría a poner la denuncia.
También hoy se ha desalojado a otros 6 activistas de la Plataforma Antidesahucios del Pleno de la Asamblea de Madrid. El Presidente del Parlamento Regional ha ordenado a los servicios de seguridad del edificio su desalojo.
Este jueves el político del PP, Esteban González Pons, ha denunciado por acoso a quienes el miércoles protestaban a las puertas de su domicilio. A este asunto se ha referido también el ministro de justicia.
Manuel Sanz Pastor, abogado de la Plataforma Antidesahucios, se pregunta qué es mayor acoso: 'Sí se puede', o mandar cinco furgones antidisturbios a una familia que está en paro con menores a echarla de su vivienda.
Representantes políticos piden que no se traspase la línea roja. "Hay un límite, y límite es la violencia. Y eso es lo que no vamos a consentir" ha dicho el portavoz del PP en el Congreso, Alfonso Alonso. Por su parte, el ministro de Justicia Alberto Ruiz-Gallardón, ha declarado que esta "presión" para conseguir un voto determinado "no es, en absoluto, lo que marca el ideal democrático de nuestro país".
Además de la denuncia de Pons, fuentes del PP dicen que ya han interpuesto otras dos querellas por acoso.
Siete jornadas convocadas
La huelga de autobuses volverá el 11 de noviembre en caso de no haber acuerdo
Este lunes fue la primera jornada de una huelga que podría ser indefinida si patronal y sindicatos no se ponen de acuerdo sobre la jubilación anticipada que solicitan los trabajadores del sector del transporte de viajeros por carretera.