El Tribunal de Cuentas cuestiona la reducción de altos cargos por la que ha sacado pecho el Gobierno. En 2012, el Ejecutivo de Rajoy limitó el número de directivos en los reguladores públicos a entre tres y diez.
El Tribunal denuncia que lo que hicieron organismos como la CNMV y el Instituto Cervantes para cumplir con la nueva cifra fue cambiar el contrato de dirección del alto cargo por uno ordinario. Pero el afectado seguía haciendo y cobrando lo mismo. Conclusión: ahorro cero para el erario público.
Un ahorro al que tampoco contribuyó la compensación que recibió por su cese el exgobernador del Banco de España, que a pesar de haber apostado por el abaratamiento del despido percibió cerca de 350.000 euros como indemnización por el suyo. Pagos que el Tribunal de Cuentas considera legales en su informe pero sobre los que lanza una crítica.
También legal pero llamativo el movimiento de cuatro exdirectivos del Instituto de Crédito Oficial, que cesaron unos días antes de que la reforma laboral entrara en vigor y que cuestiona Ciudadanos. Ellos sí cobraron 45 días por año trabajado.
