El copago de fármacos de dispensación hospitalaria ha entrado en vigor, aunque no será efectivo en todas las comunidades autónomas, ya que más de la mitad de ellas, por diferentes motivos, han anunciado que no van a aplicarlo. La medida afecta a un grupo de fármacos, 43 medicamentos en 157 presentaciones diferentes, destinados a pacientes crónicos graves (cáncer, esterilidad o hepatitis C) no hospitalizados, que deberán abonar un 10%, con un tope de 4,20 euros.El motivo de que se dispensen en las farmacias de los hospitales es su alto precio, en algunos casos pueden alcanzar los 40.000 euros anuales, o la necesidad de hacer un seguimiento médico del tratamiento.
Algunas comunidades alegan problemas de infraestructura para no aplicarlo, ya que sus sistemas informáticos no están preparados para realizar el cobro, mientras que otras se oponen directamente a la medida y algunas de ellas, como Andalucía o Canarias, han anunciado ya la presentación de un recurso. Este copago estaba previsto en el real decreto-ley de medidas urgentes de sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud, aprobado en abril de 2012.
Esta medida, que la ministra de Sanidad, Ana Mato, justificaba en la Cámara Baja como una medida de ahorro para garantizar la incorporación de fármacos innovadores al Sistema Nacional de Sanidad, ha sido rechazada por su fondo por Andalucía, que ha presentado el primer recurso contra la medida, Baleares, Canarias y País Vasco. Por el contrario, Galicia, Madrid, Castilla-La Mancha, Cantabria, Murcia y La Rioja, admitían que pondrían en marcha su establecimiento al tratarse de una legislación básica estatal. El resto de comunidades manifestaban su imposibilidad inmediata de implantar dicho copago por motivos de gestión en su implantación.
Por otra parte, la medida ha suscitado desde el primer momento el rechazo de pacientes, médicos y de los distintos grupos de la oposición. El PSOE ha apoyado la posición manifestada por las comunidades y ha instado al Gobierno a que deje "sin efecto" dicha medida, al tiempo que pedía la dimisión de Mato. Mientras, el portavoz de Izquierda Plural en la Comisión de Sanidad del Congreso y diputado de Izquierda Unida, Gaspar Llamazares, ha calificado al Real Decreto de copago farmacéutico de "infamia y gestión desleal" de la sanidad pública; mientras que desde UPyD destacaban la escasa recaudación de la medida.
En cuanto a los pacientes y médicos, la Federación Nacional de Enfermos y Trasplantados Hepáticos (FNETH) denunciaba que la Administración ignore "sistemáticamente" la alta prevalencia de afectados por esta enfermedad; la Asociación Española para el Estudio del Hígado (AEEH), remitía una carta a Mato expresándole "el impacto que supondría en los enfermos de patologías hepáticas"; y la Federación Española de Padres de Niños con Cáncer recordaba que la medida "perjudica a los niños y adolescentes enfermos de cáncer".
Por su parte, la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria (SEFH) ha calificado de "plenamente injustificado" el copago de fármacos de dispensación hospitalaria ya que, a su juicio, es una medida que plantea "dificultades" en su aplicación y, además, "no contribuye" a racionalizar el consumo ni sirve como instrumento de financiación adicional. Tambien, FACUA-Consumidores en Acción acusó al Gobierno y, concretamente al Ministerio de Sanidad, de llevar a cabo un "nuevo ataque" contra los enfermos que padecen enfermedades crónicas o graves.