La Comisión Europea decide si exige al sector naval español que devuelva todas o parte de las ayudas recibidas entre 2005 y 2011, calificadas de "ilegales" por Bruselas pero que son imprescindibles para la supervivencia de los astilleros. 

El vicepresidente de la CE y responsable de Competencia, Joaquín Almunia, presentará la decisión  después de que el colegio de comisarios -el órgano decisorio del Ejecutivo comunitario- debata su propuesta y adopte una postura definitiva. 

El propio presidente del Gobierno de España, Mariano Rajoy, mantuvo este lunes una conversación telefónica con el presidente de la Comisión Europea, José Manuel Durao Barroso, para solicitarle un fallo favorable al sector naval español. 

España ha defendido que la devolución de las ayudas se contabilice a partir del 2011, momento en el que la CE abrió un expediente a España por esta cuestión, al considerar que hasta ese momento no había una "seguridad jurídica" que apuntara a la irregularidad de las mismas. 

Tras el encuentro que mantuvo la semana pasada con la delegación española encabezada por el ministro de Industria, José Manuel Soria, el vicepresidente de la CE defendió que España debería haber "tomado nota" en 2006 de la decisión de la CE sobre la irregularidad del régimen de ayudas "tax lease" de Francia, dado que se trataba de un sistema análogo al suyo. 

Durante esa reunión, Almunia planteó a la delegación española una propuesta de devolución de las ayudas suavizada, ya que ésta no afectaría a dos de los tres actores implicados en la construcción naval, los astilleros y armadores, sino que solo se extendería a los inversores. 

Tanto el Gobierno de España como el sector y las comunidades autónomas afectadas estiman que la devolución de las ayudas del 2005 al 2011 podría suponer el retorno de 2.000 millones de euros a las arcas públicas españolas y el cierre de todas las empresas y la desaparición de 87.000 empleos.