Las fianzas impuestas a la exministra y exconsejera andaluza Magdalena Álvarez y al viceconsejero de Hacienda José Sangueiro por el caso de los ERE, convierten a éste en uno de los que acumula mayor cantidad de dinero por responsabilidad civil, a cuya cabeza está todavía el caso Malaya, con alrededor de 5.200 millones de euros. La juez Mercedes Alaya, titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, ha fijado en 29.568.129 y 22.176.096 de euros las fianzas civiles para Magdalena Álvarez y Sangueiro, respectivamente.
Hasta el momento, la Operación Malaya encabeza la suma más cuantiosa de fianzas por responsabilidad civil impuestas en España, con un total de 5.200 millones de euros, sobre los 86 procesados por el juez Miguel Ángel Torres en su auto del 23 de julio de 2007. La parte más sustancial de ese monto correspondió a Juan Antonio Roca, ex asesor urbanístico del Ayuntamiento de Marbella y presunto cerebro de la trama, para quien se fijó una responsabilidad civil de 1.000 millones de euros. Las fianzas civiles establecidas por la juez Alaya para la exministra Álvarez y el viceconsejero de Hacienda José Sangeiro están muy por debajo de las impuestas en mayo de 2012 al exconsejero de Empleo de la Junta de Andalucía, Antonio Fernández, (807 millones de euros), y al exdirector general de Trabajo, Francisco José Guerrero (686 millones) en este mismo caso.
También en el sumario de los ERE, Alaya impuso en junio de 2013 fianzas civiles de 11 millones de euros a cada uno de los tres directivos de la aseguradora Vitalia imputados en la última fase de las investigaciones y de 38 millones al exsindicalista Juan Lanzas. En cuanto a la cúpula de Vitalia, que integraban Eduardo Pascual, María Vaqué y Antonio Albarracín, el auto estableció la cantidad como resultado de sumar el 35% de los 217 millones de euros a que ascendieron las primas pagadas por la Junta y el dinero que pagaron a Lanzas.
Respecto a Lanzas, los 38 millones de euros se fijaron mediante lo cobrado por los "intrusos" en el ERE de Hitemasa, entre ellos él mismo y su esposa, y la inclusión de dos cuñados suyos en el expediente de regulación de Dhul, donde tampoco trabajaron. Un total de 34.826.575 euros impuso también Alaya al abogado Carlos Leal Bonmati, del Estudio Jurídico Villasis, acusado de ocho delitos por su mediación en los ERE.
