Compañías 'low cost'
La Fiscalía se persona en la causa contras las aerolíneas por cobrar el equipaje de mano y otras prácticas abusivas
El Gobierno sancionó a cinco aerolíneas (Ryanair, Vueling, Easyjet, Norwegian y Volotea) por llevar a cabo prácticas abusivas contra los consumidores. Ahora, la Fiscalía de la Audiencia Nacional se persona en la causa.
La Fiscalía de la Audiencia Nacional se ha personado en defensa de los consumidores y usuarios en la causa contra una serie de aerolíneas de bajo coste por llevar a cabo prácticas abusivas, como cobrar por el equipaje de mano o no permitir el pago en metálico en los aeropuertos españoles. El pasado mes de mayo, el Ministerio de Consumo impuso una multa de 150 millones de euros a cuatro compañías aéreas 'low cost' —Ryanair, Vueling, Easyjet y Volotea— por una serie de prácticas consideradas abusivas para los consumidores; en noviembre, el titular de la cartera, Pablo Bustinduy, firmó la lista definitiva de sanciones: casi 180 millones de euros a cinco compañías: las anteriormente mencionadas y Norwegian.
Las sanciones impuestas por el Ministerio fueron impugnadas por las compañías aéreas, ante la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional. Ahora, la Fiscalía se ha personado del lado de los consumidores y usuarios. Las prácticas abusivas sancionadas eran las siguientes:
- Cobro por equipaje de mano: estas aerolíneas están cobrando un suplemento extra para poder llevar un transporte de equipaje de mano en cabina.
- Reserva de asientos contiguos: las compañías exigen un sobrecoste sobre el precio del billete en el caso de que se quieran reservar asientos contiguos cuando se trata de menores de edad y personas dependientes y sus acompañantes.
- Pago único con tarjeta: las aerolíneas no permiten el pago en metálico en los aeropuertos españoles.
- Tasa por impresión de tarjeta de embarque: estas aerolíneas cobran una "tasa desproporcionada y abusiva" a los pasajeros que acuden al embarque sin la tarjeta de embarque impresa en papel.
- Falta de claridad en los precios: la última de las prácticas sancionadas incluye "omisiones engañosas de información" y "falta de claridad en los precios publicados", tanto en sus páginas web como en las de terceros, de modo que se dificulta la comparación de ofertas de precios y la toma de decisiones por parte de los usuarios.