El Consejo de Ministros ha aprobado este martes con condiciones la oferta pública de adquisición (OPA) lanzada sobre el 22,7% de Naturgy por parte del fondo australiano IFM.

Así, durante cinco años el fondo australiano deberá apoyar las inversiones de la compañía vinculadas a la transición energética. Además, deberá mantener su sede en España y a la mayoría de la plantilla.

En enero, IFM lanzó una OPA sobre el 22,69% de Naturgy a un precio de 23 euros por acción, que el lunes rebajó a 22,07 euros, tras descontar el dividendo a cuenta de 0,30 euros por título que la compañía española abonará este miércoles y el dividendo de 0,63 euros que repartió en marzo.

La operación debía contar con el visto bueno del Ejecutivo, que tras el estallido de la crisis del coronavirus se reservó la potestad de aprobar la compra de participaciones superior al 10% en las empresas estratégicas, como las energéticas, por parte de inversores de fuera de la Unión Europea o de la Asociación Europea de Libre Comercio.

En rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, la vicepresidenta tercera Teresa Ribera ha afirmado que se trata de una operación "singular" sobre una empresa que es "estratégica", y que, a pesar de dar la "bienvenida" a la inversión extranjera, debe ser concebida como una "oportunidad que ayude a consolidar con robustez el marco normativo y la transición energética" con "garantías y cautela".

Según ha explicado, IFM deberá respaldar una política de dividendos "prudente" y una política de endeudamiento externo que permita mantener esta ratio, sin superar los niveles recomendados por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

El fondo no podrá apoyar ninguna propuesta de desinversión distinta de las reflejadas en el plan estratégico que se presente y que implique perder el control de las filiales con las que el grupo realiza sus actividades estratégicas en España. Tampoco podrá respaldar la exclusión de Naturgy de las bolsas españolas durante los próximos tres años.

El incumplimiento de estas condiciones supondrá la revocación de la inversión y una infracción "muy grave", según ha advertido Ribera.

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