Borges dijo que para el Gobierno "no hay" impedimentos para que el consorcio español se pueda presentar a la licitación, puesto que el accidente ferroviario ocurrido la semana pasada en Santiago de Compostela "no era de alta velocidad". "El gobierno no quiere impedir a nadie participar (en la licitación). Quiere el mayor número de participación", afirmó el ministro, que aclaró, sin embargo, que la decisión final depende de la Agencia Nacional de Transportes Terrestres.
Según el pliego de condiciones, no puede participar ningún operador que haya sufrido accidentes mortales en un período de cinco años en una línea de alta velocidad, donde se puedan superar los 250 kilómetros por hora. El presidente de Renfe, Julio Gómez-Pomar, ha afirmado en Madrid que la compañía ferroviaria ha puesto en marcha una campaña informativa en diversos países, en especial en Brasil, para dejar claro que el tren que descarriló, causando 79 muertos y 150 heridos, no era de alta velocidad.
El presidente de la estatal Empresa de Planificación y Logística, Bernardo Figueiredo, ha afirmado que dos consorcios han mostrado "gran interés" por la licitación que está prevista para el próximo 19 de septiembre: el francés y el español. El consorcio español está formado por las empresas públicas Adif, Renfe e Ineco, junto a las privadas Talgo, Elecnor, Cobra (ACS), Abengoa, Indra, Thales, Bombardier y Dimetronic.
El proyecto del tren de alta velocidad Río-Sao Paulo-Campinhas, el primero de América Latina, tendrá una longitud de 511 kilómetros, y se calcula que exigirá inversiones por cerca de 13.000 millones de euros (unos 17.177 millones de dólares). El ministro y el responsable de la EPL confirmaron que, a pesar del accidente ocurrido en España, se mantiene la fecha de la subasta para el próximo 19 de septiembre.