El proyecto de reforma de la Ley de Propiedad Intelectual aprobado en el Consejo de Ministros, recoge la compensación a los editores frente a determinados tipo de utilización de sus contenidos por parte de los agregadores, una medida que sería pionera en Europa. Ese es el caso de Google News o Meneame, con quien el Centro Español de Derechos Reprográficos (CEDRO), encargado de establecer las tarifas, tendrá que negociar los importes, cuya cifra aún no se ha estimado. Para ello se da un plazo de tres meses para fijar la metodología de cálculo de tarifas y cinco para que se pongan de acuerdo ambas partes, según ha explicado este viernes a Europa Press fuentes del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.
Además, explican que este apartado del proyecto no hace referencia a meros enlaces o buscadores, sino a aquellos agregadores de contenidos que ordenan y facilitan contenidos más amplios. Estas mismas fuentes explican que una cosa es la puesta a disposición a través de la búsqueda aislada, y otra es la difusión por parte de prestadores de servicios electrónicos de agregación de contenidos, fragmentos de publicaciones y evitas que se produzca el tráfico en la página de origen.
La lucha contra la piratería se llevará a cabo a través de dos frentes: la vía civil y la vía administrativa, a través de la Sección Segunda. A través de la primera de ellas se podrá acceder a la información de quién está detrás de la dirección IP, con el fin de saber contra quién se presenta la demanda. La segunda vía pretende atacar al modelo de negocio, es decir, a aquellas páginas vinculadas al negocio local, que se lucran a través de publicidad y de ingresos directos. Para ello, se apunta a los enlazadores (en línea con lo que contempla el Código Penal) así como contra los enlaces. De esta forma, Cultura asegura que se adelantará mucho tiempo en la eliminación de contenido ilegal. Para conseguir el objetivo, se pedirá la cooperación de las plataformas o la publicidad que se incluya, y su negativa acarreará sanción.
La Sección Segunda de la Comisión de Propiedad Intelectual ha resuelto 338 expedientes, un 83% del total de las solicitudes presentadas. De las 152 webs requeridas, todas han retirado los contenidos ofrecidos de manera ilícita y 21 han cesado su actividad.