El índice de precios de consumo (IPC) se situó en febrero en el 1,1% interanual, cinco décimas por encima de la subida de precios de enero, que fue del 0,6%, debido al encarecimiento de la electricidad que el año pasado se abarató. Según los datos que publica el Instituto Nacional de Estadística (INE), el IPC acumula diecisiete meses consecutivos en positivo, aunque se sitúa en una línea más moderada que la media anual del 2% que se registró en el conjunto de 2017.
En concreto, los precios de la vivienda registraron en febrero un incremento interanual del 1,4% (frente al descenso del 2% mes pasado), debido al encarecimiento de la electricidad, que el año pasado se abarató, y pese al descenso de precios del gasóleo para calefacción. El ocio y la cultura aumentaron sus precios el 0,6%, frente al descenso del mes pasado, debido a un mayor encarecimiento de los paquetes turísticos.
Los mismo ocurrió con los precios de las comunicaciones, que aumentaron el 2,3% (casi un punto y medio más), por un mayor encarecimiento de los servicios empaquetados de telefonía; y los de otros bienes y servicios (el 0,8% con cuatro décimas más), por el alza de los artículos y productos para el cuidado personal.
Entre los grupos que ejercieron una influencia a la baja de los precios destaca el transporte, que moderó siete décimas el crecimiento hasta el 1,1% por el abaratamiento de los carburantes. También afectaron los alimentos y bebidas no alcohólicas, cuyos precios crecieron el 0,9% (cuatro décimas menos), debido a que las legumbres y hortalizas se abarataron este año, mientras que el año pasado se encarecieron.
Una vez eliminados los elementos más volátiles de la cesta de la compra (energía y alimentos frescos), la inflación subyacente se aumentó tres décimas y se alineó con el índice general en el 1,1%, algo que no ocurría desde octubre de 2014. En tasa mensual, el IPC registró en febrero un ascenso del 0,1%, frente al descenso del 1,1% que marcó en enero y del 0,4% que contabilizó en el mismo mes del año pasado.
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La Unión Europea ha puesto fin a las "empresas cáscara", sociedades sin oficinas ni empleados que en ocasiones se utilizaban para la elusión fiscal. En España afecta a 223.000 personas, un 6,5% de las empresas existentes.