Velasco, que investiga estos hechos en el marco de la "operación Crucero", hace esta afirmación en el auto en el que acuerda la administración judicial de 35 empresas satélite del grupo Marsans para evitar "la continuidad delictiva" y la "desaparición de activos" y asegurar las posibles responsabilidades pecuniarias que resulten de la instrucción.
"En el presente caso se está descubriendo (...) que muchos de los activos escondidos y vaciados por Díaz Ferrán y (su socio) Gonzalo Pascual se encuentran en el extranjero en un intento de producir su afloramiento como inversiones sin explicar su procedencia del vaciamiento", señala el juez.
Además, en el caso de la empresa Possibilitum, a través de la que De Cabo adquirió el grupo, "se han encontrado diversos almacenamientos de activos por millones de euros igualmente en el extranjero, bien en cuentas bancarias, bien como activos de empresas interpuestas, algunas de ellas en países con extrema opacidad o en paraísos fiscales".
El objetivo de ese ocultamiento, "al margen de eludir una fiscalidad superior en España", es evitar el pago de las deudas a los acreedores "aprovechando la transnacionalidad y en algunos casos incluso la transcontinentalidad".
Velasco dice también que la investigación "ha podido evidenciar que algunas de las personas imputadas continúan ejerciendo actividades encaminadas a ampliar el vaciamiento patrimonial de algunas de las empresas y activos" y recuerda que el Juzgado de lo Mercantil número 12 de Madrid ha declarado culpable el concurso de Viajes Marsans.
Por ello, el juez acuerda "que se remueva a los actuales administradores, muchos de ellos inhabilitados cuando no imputados y testaferros de los imputados" y designa como administradores judiciales a los del concurso de acreedores de Viajes Marsans, "por ser ya conocedores de los antecedentes", ya que llevan cerca de tres años en esa labor.