En el auto de prisión del empresario, la juez Mercedes Alaya recoge el "enorme enriquecimiento" que experimentó, pues es titular de 32 inmuebles de los cuales 29 los adquirió en el periodo investigado, de 2001 a 2010. El auto indica que el "saqueo de las arcas públicas" se realizó con la "indiciaria connivencia de sindicatos y cargos públicos de la Junta de Andalucía".
Entre ellos cita a los exdirectores generales de Trabajo Francisco Javier Guerrero y Juan Márquez y el entonces consejero de empleo Antonio Fernández, todos ellos ya imputados. En cuanto a los sindicatos UGT y CCOO, el auto afirma que encontraron "durante una década en Andalucía una forma de financiación irregular" pues habrían impuesto "de manera arbitraria e ilegítima" el pago por su mediación y " como contraprestación a su papel facilitador de los procesos de estructuración empresarial".
Las empresas de González Mata destinaron en estos años 3.253.031 euros a UGT y CCOO, mientras que la aseguradora Vitalia destinó 4.291.384 euros, añade. Entre otros, el empresario es acusado de haber participado "activamente" en la inclusión de intrusos en los ERE, entre ellos cinco empleados de una tienda de la localidad onubense de Cerro del Andévalo que fueron incluidos en la póliza de Tharsis pese a que "nunca habían sido mineros".
Además su "decisiva intervención" permitió incluir al exconsejero de la Junta Antonio Fernández en la póliza de la bodega González Byass y por la que podría haber llegado a cobrar 386.181 euros, añade Alaya.
El auto cita un informe provisional de la dirección general de Seguros según el cual entre los años 2006 a 2011 Uniter percibió 13 millones de euros en comisiones superiores a la media del mercado. La juez afirma que, en el expediente de la empresa Delphi, José González Mata se embolsó en concepto de sobrecomisión al menos 6.747.513 euros y en el caso de la Faja Piritica de Huelva, entre septiembre de 2003 y febrero de 2004, el imputado percibió "arbitrariamente" 4.565.047 euros.
Según el auto, el empresario destino este dinero a su propio enriquecimiento personal y también al "sostenimiento de la trama" delictiva de la que formaba parte, que es uno de los delitos que le imputa y por la que la juez ha decretado contra él prisión eludible bajo fianza de 600.000 euros.