El presidente de Pescanova, Manuel Fernández de Sousa, ha afirmado -tras conocerse su imputación por presuntos delitos de falseamiento de cuentas y uso de información relevante-, que siempre ha actuado "en beneficio e interés de Pescanova, como se acreditará en su momento". No obstante, horas después, Deloitte le ha sustituido al frente de las filiales españolas de la compañía.
Los administradores concursales de la firma gallega han comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores la revocación del poder general otorgado a Manuel Fernández de Sousa el 10 de enero de 1993.
El directivo gallego, que lleva en la multinacional pesquera 37 años, queda así relegado de todos los ámbitos de gestión del grupo, después de que el pasado 25 de abril, el juzgado de lo Mercantil número 1 de Pontevedra le apartara de la dirección de la empresa, al considerar que "el mantenimiento de la facultades patrimoniales del deudor entraña evidentes riesgos".
Respecto a la situación de la compañía, Fernández de Sousa ha subrayado que "no hay un 'agujero' de 3.000 millones de euros ni nada por el estilo", desmintiendo las informaciones que sitúan a la deuda de la compañía cercana a los 3.500 millones de euros.
"Se están confundiendo cifras y lo que hay es lo contrario. Lo que hemos creado durante estos años ha sido valor para la empresa (...), el valor sí se ha creado, el 'agujero' no existe y hoy el valor de Pescanova excede con mucho a su pasivo", ha explicado.
La medida de Deloitte llega precisamente cuando el presidente de Pescanova ha sido imputado por el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz, junto al consejero Alfonso Paz-Andrade y los accionistas José Alberto Barreras y José Antonio Pérez-Nievas, por falsear sus cuentas anuales y utilizar información relevante.
El juez Ruz asegura en el auto que los administradores de Pescanova, "valiéndose de la información reflejada en las cuentas anuales, (...) que no se ajustaba a la realidad", proporcionaron públicamente una imagen irreal de la situación económica de la empresa, lo que condujo a los querellantes a adquirir paquetes de acciones.