El magistrado comienza con José Antonio Moral Santín, que cargó 456.552 euros; José María Arteta (137.617); Juan José Azcona (99.300); Pedro Bedia (78.200); Rodolfo Benito (140.600) y Gerardo Díaz Ferrán, que gastó 93.984 euros y que acudirá desde la cárcel de Soto del Real, donde ingresó en diciembre de 2012 por el vaciamiento patrimonial de Marsans. Les seguirán Ramón Espinar (173.999); Guillermo Ricardo Marcos Guerrero (130.947); Gonzalo Martín Pascual (129.700) e Ignacio de Navasqües (191.981).
El martes, deberán comparecer Jesús Pedroche (132.200); Alberto Recarte (139.900); José María de la Riva (208.900); Antonio Romero (252.009); Ricardo Romero de Tejada (212.216); Estanislao Rodríguez Ponga (255.400); Francisco Baquero (266.433); José Manuel Fernández Norniella (175.400); Mercedes Rojo (199.300) y Virgilio Zapatero (35.977).
Por último, el miércoles están citados María Enedina Álvarez, que disfrutó de 47.000 euros; Luis Blasco (51.700); Carmen Cafranga (175.200); Arturo Fernández (37.726), Jorge Gómez (98.200); Javier López Madrid (34.807) y José Ricardo Martínez Castro (44.200).
Andreu imputó a otros 79 beneficiarios de estas visas a finales de enero pasado, que se sumaban así a los expresidentes de la caja Miguel Blesa y Rodrigo Rato, a los que impuso una fianza civil de 16 y 3 millones de euros, respectivamente, por este asunto, así como al ex director financiero Ildefonso Sánchez Barcoj.
Sin embargo, optó por convocar solamente a aquellos que formaron parte del Consejo de Administración, que suman gastos de 3,8 millones de euros de los 15,5 millones que los 82 imputados llegaron a desembolsar con sus tarjetas opacas.
Además, Andreu ha citado como testigos el viernes al expresidente de Caja Madrid Jaime Terceiro, bajo cuyo mandato situó Blesa el origen de las tarjetas; a los cuatro exdirectivos que nunca las usaron, que fueron Francisco Verdú, Féliz Manuel Sánchez, Íñigo María Aldaz y Esteban Tejera, así como al director corporativo de Auditoría Interna de Bankia que destapó el escándalo, Iñaki Azaola.
Varios de los exconsejeros y exdirectivos han venido oponiéndose desde entonces a su imputación, aunque algunos han ido más allá al pedir que archive el caso por considerar que los hechos de los que se les acusa han prescrito, como ha sido el caso de Elena Gil García.
