En un auto, el magistrado Santiago Pedraz imputa a los procesados los delitos de estafa cualificada, insolvencia punible, falseamiento de cuentas anuales, blanqueo de capitales y delitos contra la Hacienda Pública por mantener un negocio cuya "inconsistencia e inviabilidad está fuera de toda duda" que afectó a 190.022 personas.
Los procesados son el expresidente Juan Antonio Cano, y los ejecutivos y miembros del consejo de administración Albertino de Figueiredo, Carlos de Figueiredo, Vicente Martín, Emilio Ballester, Francisco Guijarro, Joaquín José Abajo, Ramón Egurbide, Esteban Pérez, Gregory Manning, Ramón Soler, Juan Domingo y Jordi Domingo y al socio auditor de Gestynsa Francisco Blázquez.
También considera como partícipes a título lucrativo a María del Mar Fernández, Felisa Montoro, Natalia Paloma Guijarro, Juan Javier Guijarro, Rubén Guijarro y Sonia Guijarro Montoso. El juez impone a todos ellos una fianza conjunta y solidaria de responsabilidad civil de 1.928 millones de euros, y les da un plazo de 24 horas para abonarla, de lo contrario procederá al embargo de sus bienes.
A lo largo de 59 folios, el magistrado relata toda una operativa piramidal de negocio "ruinoso e inviable" y como a costa del déficit patrimonial creciente de Afinsa, el incremento continuado de sus ventas entre 1998 y 2006 permitió mantener el negocio. Según Pedraz, el consejo de administracion y otros altos directivos conocían que era un negocio "ruinoso" porque carecía de sentido economico y de apoyo legal. De esta forma, explica que "la apariencia empresarial era de una actividad lícita" de contrato de compra de sellos por el particular, depósito de los mismos a cargo de la vendedora -Afinsa- y mandato de venta o compromiso de recompra por la misma, que se configuraba como una opción para el comprador.
"Sin embargo, ni los sellos valían lo que se pagaba por ellos, ni se revalorizaban en la medida que se retribuía al ahorrador, con lo que la única viabilidad del negocio, tal y como se diseñó, consistía en reproducir 'ad infinitum' esa misma práctica defraudatoria con nuevos clientes, cuyas aportaciones pudieran ser utilizadas para alimentar tal dinámica", asegura.
Ello determinó que a 21 de abril de 2006, cuando Anticorrupción presentó la querella que dio origen al procedimiento, Afinsa se encontrase en una situación de "absoluta insolvencia, conocida por los responsables de la compañía, que además se esforzaron en ocultar para mantener la continuidad de la empresa y, con ella, su fraudulento negocio". Siete años después de su intervención, el 7 de mayo de ese año, el juez de la Audiencia Nacional constata "el engaño" de Afinsa, basado en la comercialización de unos sellos sin el valor que les atribuía, "en ocasiones sin valor alguno", en revalorizaciones inexistentes y en la ocultación del estado de insolvencia de la compañía.
Durante toda su vida, los administradores de Afinsa "fueron conscientes" de que para mantener la actividad resultaba esencial controlar tanto el precio de los sellos como su revalorizacion, aunque ocultaban la insolvencia a terceros mediante artificios contables avalados por el auditor. Pese a sus pérdidas, mantuvo su actividad reflejando beneficios en sus cuentas incrementando de forma piramidal el capital invertido por los clientes y considerando que el nuevo que entraba cada año producía unos beneficios que realmente eran inexistentes.
