En su auto, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 4 concluye que los hechos investigados podrían ser constitutivos del delito de administración desleal, en el caso de los imputados que ocuparon cargos en los Consejos de Administración de ambas entidades, o de apropiación indebida en el del resto de directivos.
Según el juez, existen indicios racionales y fundados de criminalidad contra los miembros del Consejo de Administración y la Comisión de Control y el resto de ejecutivos de Caja de Madrid y Bankia que recibieron las 'tarjetas black', que fueron "emitidas sin respaldo contractual alguno" y usadas para "gastos personales y propios".
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