Pablo Ruz, juez de la Audiencia Nacional, ha enviado de nuevo al banquillo de los acusados a Demetrio Carceller Arce, tal como ha ordenado el Tribunal Supremo al revocar el archivo del procedimiento dictado por la Sección Tercera y confirmar la decisión del juez instructor de juzgarle.
Ruz había sentado en el banquillo al presidente de la compañía cervecera 'Damm' por delitos contra la Hacienda Pública y de blanque de capitales. El juez ha dado por concluida la investigación al entender que hay indicios suficientes para llevar a juicio al presidente de Damm y a su padre, Demetrio Carceller Coll.
La Fiscalía ha anunciado que pedirá para ellos penas de 14 y 48 años y medio, respectivamente. También, para los imputados José Luis Serrano Florez, hombre de confianza de Carceller, y el asesor de éste, Gabriel Ignacio Petrus, el Ministerio Público ha llegado a solicitar 19 y 42 años.
En el auto, habiéndose modificado la causa a procedimiento abreviado, el juez Ruz señala que ha quedado indiciarianente acreditado que los imputados crearon una trama defraudatoria a la Hacienda Pública en relación al impuesto sobre la renta de personas físicas, impuesto de patrimonio y de sucesiones.
En él se explica que, al menos desde 1990, Carceller camufló los datos de su domicio real, ubicado en España, con el objetivo de ocultar sus rentas y patrimonio a Hacienda. Todo ello mediante estructuras fiduciarias localizadas, en su mayor parte, en distintos paraísos fiscales, "reinvirtiendo en las diversas sociedades controladas por él las cuotas que, ejercicio tras ejercicio, se han ido defraudando".
Según los informes de Hacienda, en los años investigados que van de 2001 a 2009, la cuota diferencial supera los 66 millones de euros, por lo que, según ha indicado el magistrado, debe perseguirse el delito fiscal contra Hacienda.
De esta forma, Ruz ha decidido cerrar la investigación una vez que el Supremo anuló, el pasado 8 de julio, el auto de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional que había archivado la causa para el presidente de Damm, estimando así los recursos que la Fiscalía y la Abogacía del Estado habían interpuesto contra esta decisión.
En su sentencia, el Supremo daba la razón a Ruz, que dirigió el procedimiento contra Carceller Arce antes del archivo de la causa por la sala, argumentando que éste había participado activamente en la gestión del patrimonio de su padre, "especialmente en las inversiones en Arizona, articulando junto con los otros imputados, las estructuras societarias para ocultar todas las rentas generadas".
También apuntaba el Supremo a que el presidente de Damm "intervino en la creación de la estructura para canalizar y ocultar las inversiones de su padre en centros comerciales de Arizona mediante la creación de sociedades en las Antillas Holandesas".