La Sala de lo Civil modifica la anterior doctrina de mayo de 2013, que establecía que las entidades debían devolver, únicamente a partir de esa fecha y para preservar el orden público-económico, las cantidades cobradas de más por aquellas cláusulas en las que quedaba acreditada la falta de transparencia en su comercialización.
En relación con otro recurso interpuesto por Caja Rural Teruel, el Supremo sí ha desestimado las pretensiones del cliente, al entender que en ese caso la cláusula suelo sí cumplía con los requisitos de información.
El Alto Tribunal confirma así una sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona fechada en diciembre de 2013, que ya había declarado nula esta cláusula; se trata de una hipoteca suscrita con Unnim en mayo de 2005 sobre la que ahora BBVA tendrá que reembolsar al cliente 5.485,77 euros más los intereses.
El 9 de mayo de 2013, el Supremo declaró la nulidad de las cláusulas suelo en caso de vicio en el consentimiento, esto es, cuando el cliente que suscribió una hipoteca de tales características no recibió información suficiente de las peculiaridades y riesgos de este producto.
Sin embargo, los afectados por no poder beneficiarse de las caídas del euríbor, vieron en esta decisión una éxito parcial en tanto que el tribunal sólo obligaba a la banca a reparar el daño a partir del día en el que se dictó el veredicto.
La entidad BBVA ya avanzó que devolvería el dinero de las cláusulas suelo sólo "a la gente que tenga derecho", aunque lo antes posible, una vez el Supremo dictara su sentencia. Fuentes de la entidad han confirmado a Efe que respetarán y cumplirán el veredicto "sin reservas", y han asegurado que en cuanto reciban el escrito procederán a atender las reclamaciones.
Según cifras hechas públicas por el presidente del banco, Francisco González, el impacto total de este desembolso podría ascender a 1.200 millones de euros, si bien han provisionado 577 millones aconsejados por un auditor independiente.
Unos números que no inquietan a la entidad, que se ve "cómoda" con la provisión realizada, cuyo efecto en las cuentas anuales ha sido de poco más de 400 millones. Por lo que respecta al recurso de Caja Rural de Teruel, el Supremo ha desestimado la pretensión del cliente, al entender que el contrato sí cumplía con los requisitos de transparencia; el contenido íntegro de ambas sentencias se conocerá en los próximos días.
El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha explicado que su departamento estudia, junto con el Consejo General de Poder Judicial (CGPJ), concentrar todas las demandas en juzgados provinciales especializados, para lo cual se han reunido hoy los presidentes de los tribunales superiores de Justicia.
De este modo, en cada provincia habrá un juzgado especializado de manera exclusiva en demandas individuales sobre cláusulas suelo.
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