Hacienda ha retirado las sanciones a los jubilados que cobran de otros países. Después de meses de protesta, el Gobierno les da seis meses para que regularicen sus pensiones. Uno de los afectados afirma que les han dado es “un caramelo pero no la parte fundamental”.
No incluyeron el IRPF en las pensiones cotizadas por desconocimiento o porque les dijeron que no era obligatorio. Ahora tendrán que ponerse al día con el Estado y no se niegan pero se sienten desplazados. Santiago, uno de los emigrantes retornados, asegura que se sienten “discriminados” porque les obligan a pagar un dinero “al que no llegan”.
Aunque no lleguen, deben declarar y pagar. La Agencia Tributaria obliga a hacer la declaración a aquellos que superen los 22.000 euros anuales. Sin embargo, esta limitación se recorta a los 11.200 si se tiene más de un pagador. Por ello, piden “que se haga una reforma fiscal” porque “esta ley de dos pagadores sólo existe en el Estado español".
“No nos creemos que un Gobierno como el nuestro nos puedan hacer esto a los emigrantes que trajimos dinero, divisas y trabajamos. No nos echaron pero casi nos pusieron la maleta en la mano”, manifiesta uno de los afectados. Además ven como los nuevos emigrantes tendrán el mismo problema si el Gobierno no pone una solución.