La Agencia Tributaria se aprieta el cinturón y lo hace, paradójicamente, eliminando hasta 12 oficinas territoriales y 5 administraciones de aduanas en las que recaudaba impuestos.
La decisión se hizo pública la semana pasada, eliminando delegaciones territoriales situadas en las provincias donde tienen su sede las correspondientes delegaciones especiales del organismo. Estos cambios se hacían oficiales esta semana que termina, en concreto el lunes 16.
Concretamente, se suprimen las administraciones de Aduanas e Impuestos Especiales de Palamós (de la Delegación de Girona), San Carles de la Rápita (Delegación de Tarragona), Ribadeo (Delegación de Lugo), Pasaia (Delegación de Guipúzcoa) y Gandía (Delegación Especial de Valencia).
La Agencia Tributaria explica, en una resolución publicada este miércoles en el Boletín Oficial del Estado (BOE), que estos cambios obedecen al escenario de austeridad presupuestaria y a la búsqueda de mayor eficacia y eficiencia posible, junto con la optimización y racionalización de los recursos disponibles.
Además se reorganizan otras áreas de Aduanas, que se trasladan o se concentran en una misma ciudad, como en Palma o en Barcelona. Por último, se crea la Administración de Aduanas e Impuestos Especiales de Las Palmas de Gran Canaria-Marítima por el gran volumen de tráfico de mercancías.
Los funcionarios continúna en su puesto de trabajo y aseguran que aún no tienen claro qué va a pasar con ellos, si se les trasladará o si continuarán en esas oficinas con un rango menor.
Los sindicatos hablan de un proceso de centralización que no favorece a la lucha contra el fraude ni al ciudadano de a pie, que ahora, en algunos casos, tendrá que desplazarse hasta 100 kilómetros hasta la oficina provincial.
Ceferino Trillo, Secretario General del Sindicato Independiente de la Agencia Tributaria considera que esta decisiós "Es la política errónea. Nosotros entendemos que se puede ahorrar más dinero, por ejemplo con los privilegios del siglo XIX que tienen algunos funcionarios como por ejemplo viviendas de los delegados, en algunos casos de 300-400 metros en el centro de una ciudad"
En definitiva, considera que el resultado de la reeestructuración da como resultado, "Menos servicios al ciudadano y menos lucha contra el fraude. Mientras, lo único que aumenta, se quejan los afectados, es la des-atención al público".