La ley ha salido adelante por la mínima, ya que abertzales, socialistas y UPyD suman 38 parlamentarios frente a los 37 de nacionalistas y populares, que han acusado al PSE de no haber buscado un verdadero consenso sino de limitarse a pactar con las formaciones que le daban la "suma aritmética" necesaria para su aprobación.
El aspecto más novedoso de la norma es el estatus de subjetivo que concede al derecho a la vivienda, lo que significa que las personas con escasos recursos y sin posibilidad de alquilar un piso por sus propios medios podrán acudir a la Justicia para reclamar a la Administración que les facilite una vivienda en alquiler.
Éste no es el único aspecto controvertido de la ley, ya que también ha suscitado polémica el canon a las viviendas vacías durante más de dos años, la posibilidad de que la Administración expropie temporalmente pisos a los bancos para evitar el desahucio de sus inquilinos y la decisión de que en el plazo de cinco años toda la vivienda pública en Euskadi se destine al alquiler.
