El Gobierno canario ha pedido una reunión de urgencia con el rey y el presidente del Gobierno para frenar los sondeos en sus costas. El ministerio de Industria otorgó el permiso definitivo a Repsol para perforar el subsuelo marino. Pero la batalla en las islas aún no ha terminado.
Los cabildos de Lanzarote y Fuerteventura ya han anunciado que recurrirán esta autorización ante la Secretaría de Estado de Energía. Los trabajos podrían comenzar en otoño y se podrían extender durante tres años.
Para cubrir posibles daños ambientales, la multinacional tendrá que suscribir un seguro de 60 millones de euros. Una cifra irrisoria, según los ecologistas. La catástrofe del Prestige costó 4.400 millones de euros.
Además Repsol deberá suspender los trabajos si se registra un terremoto de más de 4.5 grados en un radio de 75 kilómetros. Estas son sólo dos de las 14 condiciones que Industria ha impuesto a la compañía. Unas condiciones que no convencen a los canarios, que ya han anunciado nuevas movilizaciones.