Las prestaciones de algunos dependientes de Castilla La Mancha siguen en peligro. Un grupo de vecinos de Guadalajara se quejan de que el gobierno de Cospedal está revalorando de forma ilegal expedientes anteriores al 2011.
Denuncian que existen órdenes para que los coordinadores de los servicios periféricos de dependencia no concedan prestaciones económicas. Temen que se produzca algún suicidio por estas situaciones extremas.
María Jesús tiene una discapacidad del 97%, el grado de dependencia máximo. Pero la Junta de Castilla La Mancha cree que no necesita ni ayuda ni prestación económica. El gobierno de Cospedal le ha retirado de un plumazo los 337 euros que cobraba por la ley de dependencia. María Jesús asegura que nadie habló con ella ni acudió a su casa para revisar su expediente.
Ahora tiene que afrontar sola, los gastos de la que intentaba ser su nueva vida independiente. Y no es el único caso, Toni no puede caminar desde hace 5 años por culpa de una leucemia. Su casa, llena de escaleras, se le queda cada día más pequeña.
Necesitan 25.000 euros para adaptarla a su discapacidad, pero todo son palos en la rueda. Además, la Junta ha revisado su caso y podrían rebajarle el grado de dependencia al mínimo.
La plataforma por la ley de depencia de Castilla La Mancha asegura que esta revisión de expedientes es ilegal.