El campo ha estallado y está llevando a cabo numerosas movilizaciones por todo el país en defensa del sector agrario, bloqueando la entrada de numerosas ciudades. Los agricultores se reivindican por varios motivos como la modificación de un mercado "desregulado" que importa de terceros países "a bajo precio" o la modificación de la Ley de la Cadena Agroalimentaria, pero su principal preocupación es la PAC de la Agenda 2030 y muchos se estarán preguntando, qué significan estas siglas.
La PAC es la Política Agraria Común aprobada por la Unión Europea y entró en vigor en enero 2023. Se trata de la política que gestiona las subvenciones que se otorgan a los agricultores y ganaderos de la UE. El texto también se encarga de proporcionar alimentos asequibles, seguros y de alta calidad a los ciudadanos de la UE y conservar los recursos naturales y respetar el medio ambiente.
Cabe señalar que se considera reforma agraria más ambiciosa de su historia desde el punto de vista ambiental, y la segunda más profunda en cuanto a transformaciones en la gestión de los fondos que llegan de las arcas comunitarias. Concretamente, plantea un modelo en el que los Gobiernos domésticos cuentan con una mayor responsabilidad porque cada país decide cómo aplica esta política mediante un plan estratégico nacional. En materia medioambiental, recoge un incremento de los objetivos medioambientales a la hora de distribuir los fondos para las ayudas.
Según el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, la PAC plantea unos 6.800 millones de euros destinados a los agricultores españoles, de los que más de 4.000 son en ayudas directas y un total de 47.724 millones de euros entre 2023 y 2027, con lo que se España es en el tercer país más beneficiado. En principio, suena como una política que beneficia al sector agrario, pero los agricultores reclaman una burocracia más sencilla.
Por qué se quejan los agricultores
A pesar de que las subvenciones son un las asociaciones convocantes piden una flexibilización y simplificación de la PAC (Política Agraria Común) y la extensa burocracia, además, no permite cumplir los objetivos en materia medioambiental. En este sentido, el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación Luis Planas ha expresado su completo acuerdo con los agricultores para tratar de simplificar los trámites administrativos. "Hay un nivel de carga administrativa insoportable", ha defendido Planas, que se ha comprometido a "trabajar con las comunidades autónomas" para ver qué pueden reducir, teniendo en cuenta que "los fondos públicos tienen que estar justificados". "Simplificar no significa no cumplir", ha añadido.
En concreto, mencionan los 'ecoesquemas', a través de los cuales los agricultores pueden recibir pagos directos como un incentivo para que adopten prácticas beneficiosas para el clima y el medioambiente, y las Buenas Condiciones Agrarias y Medioambientales (BCAM), obligaciones que deben cumplir los beneficiarios de la PAC para no ver reducidas sus ayudas.
Una de las quejas más repetidas por agricultores y ganaderos es que se sienten "asfixiados" por las normativas y que estas a menudo se diseñan a espaldas de la realidad agraria, por lo que solicitan al Gobierno que traslade a la Comisión Europea su petición de diálogo. El problema de la excesiva burocracia también existe en asuntos que forman parte de las competencias de las comunidades autónomas, según las organizaciones agrarias, que piden reformas urgentes con el fin de simplificar los trámites.
¿Y la Agenda 2030?
Otro de las quejas de los agricultores es la Agenda 2030, los objetivos propuestos por Naciones Unidas en 2015 para lograr el desarrollo sostenible, con uno de sus lemas más vistos en las tractoradas siendo 'Stop la Agenda 2030'. Esto se debe a que los agricultores creen que se están implantando demasiados cambios medioambientales en poco tiempo. Consideran que algunas de las medidas implantadas para lograr una agricultura sostenible que ayude contribuir a la biodiversidad del lugar en el que se encuentra son lesivas y que se han adoptado sin consultar el sector agrario.
Por ejemplo, una de las normas aprobadas para conseguir los objetivos en 2030 es la prohibición de los fitosanitarios, es decir, los pesticidas empleados en el campo para acabar con las plagas. Esto supone que el agricultor tiene que buscar pesticidas alternativos que pueden llegar a ser más caros y menos efectivos. A esto se suma que en los países competidores que no pertenecen a la UE como Marruecos pueden cultivar con estos químicos y entrar al mercado a un precio más competitivo.
