La noticia de la semana, fruto del acuerdo entre PSOE y Sumar, es de momento solo un acuerdo en papel, pero ya ha generado asperezas entre los empresarios españoles. Sobre todo, entre los que gobiernan las compañías más grandes de nuestro país, que rechazan que se prolongue el impuesto especial a la banca y a las energéticas, no están de acuerdo con la reducción de la jornada laboral, ni tampoco con la reforma del impuesto de sociedades.
"Seguimos en una situación excepcional y no podemos permitirnos perder estos ingresos". Fue la frase con la que Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda en funciones, justificaba que el acuerdo conllevara la ampliación del impuesto extraordinario a las grandes entidades bancarias y compañías energéticas, que en principio solo iba a durar dos años.
María Dolores Dancausa, consejera delegada de Bankinter, fue la primera en reaccionar asegurando que mantenerlo es "cambiar las reglas del juego" y que "generaría inseguridad jurídica".
Los empresarios también se han quejado del aumento de costes que supondría la reducción de la jornada máxima de trabajo a 37,5 horas semanales manteniendo salarios. Aquellas compañías que dan servicio de cara al público, y sobre todo las que deben atender a un servicio establecido de horas como farmacias o aquellas que gestionan contratas públicas, deberán pagar horas extra, aumentar plantilla, compensar jornadas largas con otras más cortas por ejemplo en verano, o como poco gestionar de otra manera a su personal.
Por último, la tercera gran queja del empresariado, sobre todo de las grandes compañías, es la reforma que se pretende del impuesto de sociedades. En el acuerdo de gobierno de coalición, PSOE y Sumar prometen hacer una reforma fiscal que entre otras cosas "asegurará que se alcanza el 15% efectivo de tributación sobre el resultado contable de las grandes empresas en el impuesto de sociedades en los términos acordados a nivel global y en la UE".
Las palabras clave de este acuerdo son "resultado contable". Actualmente, el impuesto de sociedades se aplica sobre la base imponible, que son los beneficios después de desgravaciones, deducciones y exenciones fiscales. Esto provoca, según los últimos resultados de la Agencia Tributaria, que mientras la mayoría de empresas pagan entre un 13 y un 20 % sobre sus beneficios, los grandes grupos que facturan más de 1.000 millones tributan solo un 4,98 %.
El nuevo impuesto de sociedades
Tal y como aparece en el acuerdo, si se aplicara el impuesto al resultado contable, al beneficio total, estos grandes grupos pagarían más impuestos, sin posibilidad de ningún tipo de ingeniería fiscal. Teóricamente se buscaría que alcanzaran el "15% efectivo", con el que, según Sumar, la recaudación por este impuesto se incrementaría en 10.000 millones de euros, lo que supondría un 30 % más lo que se recauda en estos momentos anualmente.
Las deducciones a las que recurren estos grandes grupos para pagar menos por el impuesto de sociedades son amortizaciones de deuda, recompra de acciones, y también las exenciones de las ganancias de filiales en el extranjero que llegan en forma de dividendo, que "suponen el pellizco más importante para llegar a la base imponible", según Carlos Cruzado, presidente del sindicato de técnicos de hacienda Gestha.
¿Pero qué supondría gravar el resultado contable en su totalidad? Según las empresas, podría conllevar una doble imposición sobre algunas ganancias, es decir, pagar dos veces impuestos por el mismo ingreso. Podría pasar con estos dividendos que llegan del extranjero "ya que normalmente estos dividendos ya han pagado impuestos en su país de origen" añade Marta Rayaces, experta fiscal de Taxdown.
Un acuerdo global con grietas
De momento, la propuesta de reforma fiscal es tan solo un puñado de párrafos en las que se añade que se hará "en los términos acordados a nivel global" en referencia a un acuerdo global al que llegaron los países de la OCDE y del G20, de hace ya casi dos años, para fijar un "tipo mínimo" del impuesto de sociedades del 15% sobre compañías con más de 750 millones de beneficios.
El acuerdo global entre prácticamente todos los países desarrollados del planeta busca evitar una competición para atraer a multinacionales y neutralizar a los paraísos fiscales, "que haya una competencia a la baja en el impuesto de sociedades que al final nos empobrece a todos", ha dicho Nadia Calviño, vicepresidenta primera en funciones, en Al Rojo Vivo.
Sin embargo, este acuerdo parece que "se está descafeinando", añade Cruzado, "porque hay una serie de lagunas en la aplicación de ese porcentaje". Esto lo convierte en una incógnita a nivel global, en la que en teoría se basaría otra incógnita, que la reforma del impuesto español.
