Después de dos años, el juez Andreu de la Audiencia Nacional da por cerrada la instrucción del escándalo de las tarjetas black por las que serán juzgados Rodrigo Rato y Miguel Blesa junto a otros 64 imputados.
El auto del juez detalla que los hechos investigados podrían ser constitutivos de un delito de administración desleal y de agrupación indebida, un delito castigado con penas de entre 3 meses y 6 años, cada uno.
Según el juez, con las tarjetas opacas, directivos y consejeros de Caja Madrid y después Bankia, cargaron entre 2003 y 2012 más de 15 millones de euros en gastos personales como viajes, fiestas y hasta abonos para los toros. Blesa llegó a disponer de cerca de 440.000 euros y Rato de casi 100.000. El exministro ha defendido que esas tarjetas eran un complemento salarial: "Eran un instrumento de pago de las retribuciones a las personas". Blesa también defendió esa versión: "Una tarjeta de la que se puede disponer libremente".
Este escándalo fue uno de los que dejó al descubierto la ausencia de control de las entidades bancarias, pero ahora todo ha cambiado: están más sometidas a la lupa de Hacienda y con más auditorías como explica Juan Carlos Galindo, experto en prevención de blanqueo de capitales: "El sistema de tarjetas opacas se utliza en bancos de paraísos fiscales".
El juez Andreu ya ha trasladado la causa al fiscal anticorrupción y a las acusaciones personadas para que formulen sus escritos y soliciten la apertura de juicio oral que, al parecer, nunca sería antes de finales de 2016. La instrucción del caso ha sido larga porque en el camino ha habido muchos recursos.
Según el magistrado, las tarjetas fueron una remuneración irregular y opaca a Hacienda porque sus titulares no tenían necesidad de justificar los gastos que hacían con ellas y ya disponían de otra tarjeta de empresa.