Agudizar el ingenio para gastar poco, pero sobre todo mucho sacrificio para sobrellevar el frío. Combatir la pobreza energética es uno de los compromisos de muchos nuevos gobiernos autonómicos y municipales.
Algunos, como el de Chiva, han donado su sueldo para tramitar ayudas de emergencia. Cristina Suarez, concejala de Bienestar Social del Ayuntamiento de Chiva conoce "familias que están literalmente sin luz".
La Generalitat Valenciana también ha aprobado un fondo de más de cinco millones de euros para que ninguna familia sin recursos se quede sin suministro. Fondo similar el aprobado por el Ayuntamiento de Barcelona, que cuenta con un fondo de 2,5 millones de euros.
La Comunidad de Madrid cuenta con un millón de euros. El Ayuntamiento, por su parte, pide al gobierno central que amplíe el porcentaje de los bonos sociales, insuficientes para Eduardo, afectado por la pobreza energética, cuenta que se tienen que poner "dos pijamas porque con uno pasamos frío".
Son cuatro en casa, y paga 80 euros de luz al mes, a pesar de tener un bono del 25% por ser parado de larga duración. Para algunos sin embargo, estas ayudas son un parche. Su solución es presionar a las empresas.
María Campuzano, portavoz de la Alianza contra la pobreza energética, cree que "con fondos públicos no se deben pagar los beneficios de las empresas privadas que gestionan servicios básico". De hecho Cataluña es la única comunidad con una ley que obliga a las empresas a preguntar a Servicios sociales antes de cortar el suministro.
