Ikea puso sus ojos en Alicante, y él se convirtió en el anfitrión. El empresario Enrique Ortiz, principal imputado del 'caso Brugal', es quien está detrás del macroproyecto. Según denuncia la oposición en Alicante, Enrique Ortiz es quien diseña realmente las políticas urbaínisticas de la ciudad.
"El urbanismo de la ciudad se determina a golpe de contrato privado del señor Ortiz, donde se estipulan unas condiciones que luego la alcaldesa pone en práctica", explica Miguel Ángel Pavón, concejal de EU del Ayuntamiento de Alicante. La oposición basa sus acusaciones en documentos que ya están en manos del juez, y que muestran el poder de Ortiz en la negociación con la multinacional sueca.
Ortiz empieza ofreciéndo un terreno de su propiedad y la modificación del PGOU de la ciudad por 35 millones de euros. Suben a 67 millones cuando mejora la ubicación y se compromete a conseguir informes técnicos favorables. En el contrato definitivo, por 97 millones de euros, promete también agilizar los trámites de edificabilidad. Compromisos que Ortiz adquiere antes de que sean votados en el Ayuntamiento.
Una misión casi imposible
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