Los Veintisiete han certificado que existe una mayoría suficiente para fijar su posición sobre el mecanismo de crisis clave en la reforma de la política de asilo y migración de la Unión Europea, superando así el último escollo abierto para que los gobiernos y el Parlamento Europeo pudieran reanudar las negociaciones de cara a cerrar el Pacto migratorio antes de que acabe la legislatura europea en junio del próximo año.
La adopción del mandato sobre el mecanismo se ha producido en una reunión a nivel de embajadores en Bruselas, después de que Alemania e Italia hayan resuelto el pulso que les alejaba respecto a la situación de las ONG que realizan tareas de salvamento en el Mediterráneo.
Los ministros de Interior ya lograron la pasada semana una "mayoría incuestionable", en palabras del ministro español Fernando Grande-Marlaska, que permitían establecer las líneas rojas en la negociación con el Parlamento tras retirar Berlín sus reservas, pero se optó por dar más tiempo a Italia para que explicara el acuerdo en el seno de su gobierno tripartito y poder así contar también con el apoyo de este país, uno de los más afectados por la presión migratoria.
El nuevo mecanismo reservado para situaciones excepcionales en las que se obligará a los gobiernos a apoyar a uno o varios Estados miembro que se vean desbordados por la presión migratoria en sus fronteras, diluye en la práctica las cuotas obligatorias de reubicación porque ofrece una 'solidaridad a la carta' con distintas formas de compensación financiera para eludir ese reparto de la carga de la acogida.
La renuncia de los países de entrada a un sistema de cuotas obligatorias, sin embargo, sigue sin convencer a Polonia y Hungría, que rechazan de plano cualquier responsabilidad en la gestión migratoria de otros socios de la UE y se mantienen en contra del acuerdo alcanzado.