Un grupo de 65 activistas de Greenpeace ha transformado el Puente de la Mujer de la ciudad de Buenos Aires en un árbol caído para protestar contra la tala de los bosques argentinos propiciada, por la actividad agrícola e inmobiliaria. Diez escaladores de la organización se han colgado de la infraestructura y han desplegado después una pancarta de 120 metros cuadrados que ilustra a una excavadora derribando un árbol.

Otro equipo ha acompañado a los escaladores desde abajo y han desplegado una pancarta con el lema: "Destruir bosques es un crimen".

"No es suficiente con que se aplique una multa irrisoria en valores económicos a quienes destruyen los bosques de manera ilegal", ha afirmado Hernán Giardini, coordinador de la Campaña de Bosques de Greenpeace, quien ha acusado a las grandes empresas agrícolas e inmobiliarias de fomentar esta práctica. Giardini ha detallado que en los últimos 25 años se han destruido en Argentina cerca de "7 millones y medio de hectáreas forestales", una superficie que equivale a todo el territorio de Escocia.

Argentina se encuentra entre los diez países del mundo que más destruyen los bosques, una práctica que se intensifica en provincias del norte del país como Salta, Santiago del Estero, Chaco o Formosa, "por el avance de la soja y la ganadería" y en la Patagonia y Córdoba por la "construcción".

Por ello, desde Greenpeace piden que se modifique la ley de bosques vigente y que se declare en su lugar una situación de emergencia forestal para que la quema de estas superficies sea contemplada como delito y se puedan aplicar penas de cárcel a quienes cometan estas prácticas.

"El coste de deforestar es ínfimo en comparación con el dinero que ganan las empresas y el coste ambiental que sufrimos es altísimo", ha insistido el activista, quien ha apuntado a los Gobiernos provinciales como grandes responsables de la pérdidade bosques en Argentina.

Junto a esta acción han lanzado un informe en el que, ponen "nombre y apellido" a las empresas que están detrás de la deforestación y a los Gobiernos de las provincias que han concedido permisos a las compañías para quemar vegetación en zonas protegidas. En su opinión, una nueva ley de bosques debería contemplar también condenas de cárcel para los funcionarios que aprueben permisos de deforestación en zonas legales.