En un informe, AI y la ONG Afrewatch documentan cómo se compra el cobalto en zonas donde el trabajo infantil está muy extendido y se vende a Congo Dongfang Mining (CDM), filial de la china Huayong Cobalt, que lo distribuye a fabricantes de baterías que abastecen a empresas como Apple, Microsoft, Samsung, Sony o Volkswagen.

"Es hora de que las grandes marcas asuman parte de la responsabilidad de la extracción de las materias primas con las que hacen sus lucrativos productos", apuntó el investigador de AI sobre empresas y derechos humanos, Mark Dummett.

Al menos el 50% del cobalto de todo el mundo se produce en la RDC, donde en 2014 había cerca de 40.000 niños trabajando en las minas del sur del país, según Unicef. En el informe se recogen testimonios de niños congoleños que aseguran trabajar hasta 12 horas diarias en la mina para ganar entre 1 y 2 dólares al día.

"Pasaba 24 horas allí abajo, en los túneles. Llegaba por la mañana y me marchaba a la mañana siguiente (...) Tenía que hacer mis necesidades allí abajo", relata Paul, un niño huérfano de 14 años que empezó a trabajar en la minería a los 12.

La organización también comprobó que la gran mayoría de los mineros trabajan sin la protección básica para prevenir enfermedades de pulmón o de piel. AI contactó con las multinacionales que figuraban como clientes de los fabricantes de baterías que se abastecen de Huayou Cobalt y, aunque algunas dijeron estar investigando el asunto, "ninguna proporcionó datos suficientes para verificar de manera independiente de dónde procedía el cobalto de sus productos".

Por eso, el texto denuncia que "grandes marcas de aparatos electrónicos como Apple, Samsung y Sony no hacen las comprobaciones básicas para asegurarse de que en sus productos no se utilice cobalto extraído con mano de obra infantil".

En palabras de Dummet, pese a que muchas de estas multinacionales afirman que tienen una política de tolerancia cero con el trabajo infantil, "esta promesa no tiene ningún valor si las empresas no investigan a sus proveedores". Los Gobiernos, añadió, "deben poner fin a esta falta de transparencia que permite a las empresas sacar provecho de la miseria".