La Declaración Universal de los Derechos Humanos puso en 1948 negro sobre blanco unos compromisos a los que, durante estos 70 años, miles de personas han tratado de poner voz. La labor de los activistas ha sido clave durante este periodo, aunque para muchos de ellos plantar cara a gobiernos, empresas o grupos de poder ha terminado por costarles la vida.
Entre 2015 y 2017, de media, una persona murió al día por alzar su voz para defender las libertades y derechos de la sociedad en su conjunto, una tendencia "preocupante".
"No pueden cumplirse los Derechos Humanos sin las voces valientes que contribuyan a la paz, la seguridad y el desarrollo sostenible", han afirmado un grupo de relatores de la ONU.
Estos expertos han suscrito un comunicado conjunto para reclamar a todos los Estados que garanticen a los activistas un entorno "sin interferencias, intimidaciones, abusos, amenazas, violencia, represalias o restricciones", habida cuenta de que, con los datos sobre la mesa, queda mucho trabajo por hacer.
El año 2017 volvió a marcar niveles dramáticos en lo que a cifras de víctimas se refiere, con más de 300 defensores de Derechos Humanos asesinados por su trabajo en todo el mundo. En concreto, según Front Line Defenders, al menos 312 activistas murieron asesinados en un total de 27 países.
Más de dos terceras partes de estas víctimas defendían derechos relativos a la tierra, el medio ambiente y los pueblos indígenas, como constata tanto esta ONG como Global Witness, que cifra en 207 los miembros asesinados dentro de este colectivo específico.
Brasil, Colombia y Filipinas encabezan esta particular 'lista negra'. Una de cada diez víctimas eran mujeres, en su mayoría indígenas, y según una representante del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, Jamison Ervin, "la cifra sigue creciendo cada año".
La implicación de las autoridades enturbia también la rendición de cuentas ya que, como recuerda Front Line Defenders, solo el 12 por ciento de los asesinatos de activistas derivaron en algún arresto. Tampoco funciona la prevención: de los casos con avisos previos, en al menos el 84 por ciento había constancia de amenazas de muerte.
Amnistía Internacional ha subrayado en su informe anual sobre Derechos Humanos la "imperativa" necesidad de que se adopten medidas de protección para los activistas, "no solo para personas concretas, sino para comunidades enteras y, en particular, para grupos indígenas", en el caso por ejemplo de América Latina y el Caribe.
La Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, ha advertido de que los activistas "se encuentran en la vanguardia" de la defensa de la Declaración Universal "mediante su labor, dedicación y sacrificio".
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"Es preciso que cada uno de nosotros haga lo que le corresponde con el fin de vivificar el hermoso sueño de la Declaración Universal. Porque ese fue el legado de nuestros antepasados, para ayudarnos a que nunca más tuviéramos que sufrir lo que ellos padecieron", ha sentenciado Bachelet.