"Exhortar al Tribunal Supremo de Justicia a revisar las decisiones 155 y 156 con el propósito de mantener la estabilidad institucional y el equilibrio de poderes mediante los recursos contemplados en el ordenamiento jurídico venezolano", dice el acuerdo del Consejo leído por el vicepresidente Tareck El Aissami en cadena obligatoria de radio y televisión.
Otro punto del acuerdo al que llegó el Consejo fue ratificar que el máximo tribunal, en su Sala Constitucional, "es la instancia competente para el control de la constitucionalidad de los actos emanados de cualquier órgano del poder público nacional", así como "la resolución de los conflictos entre poderes".
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, convocó a este Consejo con el objetivo de "resolver" lo que calificó de "impase" derivado de la posición del Ministerio Público (MP) frente a la sentencia en la que el TSJ se atribuye las funciones del Parlamento, debido a la situación de "desacato" en la que este se encuentra.
Este Consejo se instaló "oficialmente", a pesar de que la fiscal general, Luisa Ortega Díaz, no estuvo presente.
Asimismo, la instancia reiteró que "los desequilibrios y conflictos entre las distintas ramas del poder público nacional se encauzan mediante los mecanismos de control constitucional y la colaboración entre los poderes", e insistió en la disposición del Gobierno al "diálogo fecundo" con su oposición política.