En 2022, al menos 883 personas fueron ejecutadas tras una condena a pena de muerte en una veintena de países, según datos de Amnistía Internacional, lo que supone un aumento de más del 50% con respecto al año previo. Estos datos no tienen en cuenta las ejecuciones en China, dado que se consideran secreto de Estado, ni tampoco las ejecuciones sumarias de países como Corea del Norte, Vietnam, Siria o Afganistán. Pero sí se contabilizan las ejecuciones en Tailandia, uno de los más de medio centenar de países en los que la pena capital todavía está legalizada.

Esta es la condena a la que se enfrenta el español Daniel Sancho, hijo del conocido actor Rodolfo Sancho y nieto de Sancho Gracia, detenido en el país asiático por asesinar y descuartizar a un cirujano colombianoy esparcir sus restos en el mar. "Hemos consultado con la Fiscalía sobre algunas de las pruebas y todo apunta a que los cargos son suficientes como para acusarlo de asesinato premeditado, que conlleva la pena de muerte", confirmó el segundo de la jefatura de Policía del país, Surachate Hakparn, a los medios de comunicación.

De los países de la Asociación de Naciones de Asia Sudoriental, sólo Filipinas y Camboya han prohibido esta práctica, aunque Laos y Brunei no han llevado a cabo ninguna ejecución durante décadas. Y si bien Tailandia fue uno de los ocho países que más condenas a muerte aprobó en 2022 (un total de 104), según los datos del Centro de Información de Pena de Muerte, en los últimos 20 años sólo ha llevado a la práctica 18 ejecuciones, 11 de ellas en el año 2002, cuatro en 2003, dos en 2009 y la última, en 2018.

A día 1 de diciembre de 2022, 212 personas estaban en el corredor de la muerte, principalmente hombres (193, frente a 19 mujeres), y aunque sigue siendo una cifra bastante alta, es un 59% inferior a la cifra de personas esperando la pena capital en julio de 2018, cuando eran 528 (441 hombres y 87 mujeres), según los datos publicados en el último informe de prisiones tailandesas de la Federación Internacional por los Derechos Humanos (FIDH).

Entre el fusilamiento y la inyección letal

Desde 1935, el número de ejecuciones en Tailandia ha sido de 326. La manera de ejecutar la pena de muerte en el país asiático ha sido principalmente el fusilamiento (319, el último en 2002), mientras que siete han sido por inyección letal. Aunque en el pasado, Tailandia ha tenido formas mucho más crueles de ejecutar este tipo de sentencias: bajo la conocida como 'Ley de los tres sellos', había 21 tipos de condena a muerte distintas, entre ellas la de quemar vivos a los condenados, envueltos en una tela empapada en aceite. Más recientemente, en los años cincuenta, las ejecuciones en Tailandia se llevaban a cabo por fusilamiento con el condenado atado en una cruz, aunque desde 2003 el fusilamiento dejó de ser el método de ejecución en el país, pasando a ser la inyección letal la metodología aplicada en estos casos.

La ejecución más reciente en Tailandia tuvo lugar en junio de 2018: Theerasak Longji, nacido en 1992, fue condenado por el robo y asesinato a un joven de 17 años, al que apuñaló 24 veces. Fue declarado culpable, condenado a muerte y ejecutado con solo 26 años en la prisión de Bang Kwang, en la que inicialmente se creía que iba a ser encarcelado Daniel Sancho —actualmente el español se encuentra en la cárcel de Koh Samui—. Fue la primera ejecución en Tailandia en nueve años y la última llevada a cabo, hasta la fecha.

De la condena a muerte a la ejecución

En Tailandia, la pena capital no se ejecuta de manera inmediata, después de ser impuesta. Existe un tiempo de que debe disfrutar el condenado, tiempo en el que puede presentar dos apelaciones después de la sentencia. En el caso de ratificar la pena capital, el tiempo se extiende para permitir que el reo solicite el perdón del rey, como ocurrió con el español Artur Segarra, condenado en 2019 pero cuya pena capital fue conmutada por cadena perpetua a instancias del monarca tailandés.

Las ejecuciones en Tailandia se suelen llevar a cabo siempre en la misma prisión, en Bang Kwang, conocida impopularmente como 'el Hilton de Bangkok', aunque también hay corredores de la muerte en otras prisiones provinciales.

Prisión Central de Bang Kwang

Prisión Central de Bang Kwang | Google Maps

Los 35 delitos condenados con pena capital

La legislación tailandesa permite la imposición de una condena de muerte por 35 delitos, entre ellos traición, asesinato y tráfico de drogas. La mayor parte de los condenados a muerte en Tailandia lo fueron por delitos relacionados con el tráfico de drogas: de hecho, de los 212 condenados a la pena capital que había a finales del año pasado, el 60% habían sido condenados por este tipo de crímenes. Entre las mujeres, este porcentaje era mucho mayor: el 79% de las condenadas a muerte (15 de las 19) lo fueron por delitos relacionados con el tráfico de estupefacientes.

Nadie se libra de la pena capital en Tailandia. En 2022, el exviceministro de Comercio Banyin Tangpakorn fue condenado a muerte en lugar de la cadena perpetua que se le había imputado previamente, por el asesinato del hermano de un juez. Estos son algunos de los delitos que conllevan pena de muerte en Tailandia:

  • Asesinato premeditado
  • Secuestro
  • Terrorismo
  • Espionaje
  • Traición
  • Delitos económicos
  • Crímenes relacionados con las drogas

El Código Penal tailandés también incluye los delitos sexuales como la violación entre aquellos que podrían conllevar la pena capital. No obstante, en 2016 el Ministerio de Justicia confirmó su intención de no ejecutar penas de muerte en violadores, para evitar que, además del delito sexual, cometieran asesinatos. "Si violar equivale a la pena de muerte, se estaría animando a los violadores a matar a todas sus víctimas para que estuvieran calladas", señaló entonces un funcionario del Ministerio.

La Policía tailandesa recibe unas 4.000 denuncias por violación cada año y lleva a cabo unas 2.400 detenciones por estos casos. Sin embargo, según un instituto de investigación de políticas públicas que obtiene datos directamente del ministerio de Justicia, el número de violaciones no denunciadas es de unas 30.000 al año, lo que implicaría una violación cada 15 minutos.

¿Puede un condenado pedir el traslado a España?

Tailandia no tiene ningún tratado de extradición firmado con España, por lo que, según explicaron fuentes diplomáticas a Europa Press, cada vez que un español es encarcelado en un país sin convenio se intenta negociar uno nuevo. No obstante, los españoles presos en el extranjero tienen derecho a solicitar un traslado, aunque para que éste se lleve a cabo los dos Gobiernos implicados han de aceptarlo previamente.

Según fuentes del Ministerio de Asuntos Exteriores consultadas por la Fundación +34, que brinda apoyo a los españoles encarcelados fuera de España, hay un total de 907 españoles repartidos por las cárceles de todo el mundo. Estos casi mil presos se encuentran en prisiones de 69 países diferentes, principalmente en Europa y el norte de Marruecos: la mayoría de los españoles encarcelados en el extranjero están en cárceles de Francia, Alemania, Bélgica, Portugal y Marruecos. El delito más común, el narcotráfico.

En Tailandia se encuentran actualmente cinco españoles encarcelados, incluido Daniel Sancho. El principal problema de las cárceles de Tailandia, según el director de la fundación, Javier Casado, es el hacinamiento, al que se suma la "falta de alimentación adecuada, las altas temperaturas" y, por supuesto, la barrera idiomática.

Ningún español ejecutado, pero sí condenado a muerte

Hasta la fecha, ningún ciudadano español ha sido ejecutado en Tailandia, aunque Daniel Sancho no será el primero en ser condenado a la pena capital, en caso de serlo. En 2016, el catalán Artur Segarra fue detenido por el asesinato de su compatriota David Bernat en el país del sudeste asiático. Con una orden de busca y captura desde España desde 2015 por evasión de la justicia, Segarra fue acusado de secuestrar, torturar y descuartizar al empresario David Bernat, también catalán, y tratar de deshacerse de su cadáver tirándolo a un río de la capital, Bangkok.

Artur Segarra

Artur Segarra | laSexta.com

Bernat, consultor de telecomunicaciones, y Segarra se conocían previamente y a veces coincidían de fiesta por Bangkok. Ambos quedaron la noche del 19 de enero de 2016 en la capital de Tailandia, día en el que Segarra secuestró a su compatriota, al que mantuvo siete días en el apartamento que tenía alquilado en Bangkok. Según el informe de la Policía, Bernat fue asesinado entre el 26 y el 27 de enero. Los primeros restos del cadáver descuartizado de Bernat fueron encontrados el 30 de enero en el río Chao Phraya, que atraviesa Bangkok, y seis días después la Policía identificó a Segarra como el principal sospechoso.

El español, tras ser reconocido en un restaurante de la provincia de Surin, huyó a Camboya, donde fue detenido dos días después y entregado a las autoridades tailandesas el 8 de febrero. A su llegada a Bangkok, Segarra fue puesto en prisión provisional mientras la policía continuó con las pesquisas, condicionadas por la falta de colaboración por parte de Segarra. Al igual que Sancho, Segarra fue captado por cámaras de seguridad mientras compraba las herramientas con las que supuestamente cometió el delito.

También se captaron imágenes del español saliendo de su piso en Bangkok en motocicleta y cargado con grandes bolsas y cajas, para regresar horas después sin los bultos. En el apartamento de Segarra en la capital tailandesa además se encontraron rastros de sangre en las cañerías, cuyo análisis posterior determinó que eran de la víctima, entre otras pruebas. Segarra se declaró inocente en numerosas ocasiones, y llegó a asegurar que le habían "tendido una trampa". La defensa de su inocencia no le valió para librarse de la pena capital y en 2019 perdió su segunda apelación, por lo que la condena a muerte siguió vigente.

Segarra confesó por primera vez ser el autor del crimen en una carta, fechada el 23 de diciembre de 2019, con el objetivo de pedir clemencia al rey de Tailandia y evitar su ejecución. El convicto admitió en la misiva, a la que tuvo acceso en exclusiva EFE, que la noche del 19 de enero de 2016 mató a Bernat al reaccionar de manera violenta durante una abrupta pelea con la víctima, aunque evitó pronunciarse sobre lo que sucedió después del asesinato.

El 17 de agosto de 2020, el monarca concedió un perdón real con motivo de su 68 cumpleaños del que se benefició Segarra, quien vio reducida su condena a la cadena perpetua, lo que abrió la puerta a que el reo iniciara la solicitud de traslado a una cárcel en España. Segarra, quien supera los siete años de encarcelamiento desde que fue puesto en prisión provisional, aún aguarda en el penal de máxima seguridad Bang Kwang de Bangkok para su futuro traslado, del que todavía no hay fecha.