Greenpeace y otras ONG denunciaron que el Gobierno nipón está "forzando" a los evacuados de Fukushima a retornar a sus hogares en zonas próximas a la central accidentada y declaradas seguras, pese a los elevados niveles de radiactividad.

Una plataforma de organizaciones no gubernamentales acusó al Ejecutivo de "tratar de normalizar la situación en Fukushima" y de "vulnerar los derechos humanos" de los evacuados, cinco días antes del sexto aniversario del peor accidente nuclear desde el acaecido en Chernóbil en 1986.

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Estas son las conclusiones de un informe realizado por Greenpeace Japón, Human Rights Now y otras ONG niponas, y basado en mediciones de la radiactividad en áreas cercanas a la planta de Fukushima Daiichi.

El documento señala que la radiación en gran parte de la localidad Iitate, declarada habitable a partir del próximo abril, supera ampliamente el umbral seguro para la salud humana.

Las ONG detectaron allí niveles de hasta 2,61 milisieverts anuales, más del doble del techo de 1 milisievert recomendado por la Comisión Internacional de Protección Radiológica (CPR), y que acumulado supone "un serio riesgo a largo plazo para quienes retornen a sus hogares".

Asimismo, a finales de mes concluirá el programa de ayudas estatales para los evacuados de Fukushima consistente en alojamientos temporales gratuitos o viviendas de alquiler subvencionadas.

Unas 12.000 personas se quedarán sin estas ayudas en abril, lo que en la práctica significa "una coacción económica y una vulneración deliberada de sus derechos básicos", según Ulrich.