Greenpeace y otras ONG denunciaron que el Gobierno nipón está "forzando" a los evacuados de Fukushima a retornar a sus hogares en zonas próximas a la central accidentada y declaradas seguras, pese a los elevados niveles de radiactividad.
Una plataforma de organizaciones no gubernamentales acusó al Ejecutivo de "tratar de normalizar la situación en Fukushima" y de "vulnerar los derechos humanos" de los evacuados, cinco días antes del sexto aniversario del peor accidente nuclear desde el acaecido en Chernóbil en 1986.
Estas son las conclusiones de un informe realizado por Greenpeace Japón, Human Rights Now y otras ONG niponas, y basado en mediciones de la radiactividad en áreas cercanas a la planta de Fukushima Daiichi.
El documento señala que la radiación en gran parte de la localidad Iitate, declarada habitable a partir del próximo abril, supera ampliamente el umbral seguro para la salud humana.
Las ONG detectaron allí niveles de hasta 2,61 milisieverts anuales, más del doble del techo de 1 milisievert recomendado por la Comisión Internacional de Protección Radiológica (CPR), y que acumulado supone "un serio riesgo a largo plazo para quienes retornen a sus hogares".
Asimismo, a finales de mes concluirá el programa de ayudas estatales para los evacuados de Fukushima consistente en alojamientos temporales gratuitos o viviendas de alquiler subvencionadas.
Unas 12.000 personas se quedarán sin estas ayudas en abril, lo que en la práctica significa "una coacción económica y una vulneración deliberada de sus derechos básicos", según Ulrich.