Los últimos casos revelados son el de la periodista costarricense Nono Antillón, cuyo testimonio publica el diario La Nación, y el de Emma Daly, directora de comunicaciones de la organización Human Rights Watch, quien denunció su caso en The Washington Post.

Con anterioridad, el semanario Universidad publicó que una médica y activista por el desarme nuclear denunció a Arias ante la Fiscalía por una presunta violacióncometida en diciembre de 2014, durante una reunión en la que ella buscaba apoyo para su causa.

La identidad de esta mujer no ha trascendido, solo el detalle de que es hija de una exdiputada del mismo partido al que pertenece Arias.

Emma Daly relató al Washington Post que el abuso ocurrió en un hotel de Managua en 1990 cuando se acercó al político para hacerle una pregunta y en lugar de responder le tocó los senos.

Daly, quien en ese tiempo trabajaba para el periódico costarricense en inglés The Tico Times, comentó que no presentó una denuncia formal contra Arias porque consideraba que en esa época ese tipo de comportamientos eran comunes en America Central.

Por su parte, Antillón dijo a los medios locales que el hecho denunciado ocurrió en 1986, cuando tenía 25 años y trabajaba como asesora de prensa de Arias en la campaña para las elecciones presidenciales de ese año.

"Estaba sentada frente a su escritorio, se me acercó, me tomó la mano y me la puso en su pene que estaba erecto. Yo lo empujé y me puse de pie y él se me lanzó. Me cogió por los hombros, me tiró contra un ropero y me empezó a toquetear", relató Antillón a La Nación.

En las redes sociales locales se divulgan comentarios a favor y en contra de las denunciantes, y también se ha creado la etiqueta #Yotecreo, con la que se expresa apoyo a las denunciantes.

Arias, de 78 años, se ha limitado hasta ahora a enviar, a través de su equipo legal, un comunicado rechazando los cargos que presentó la médica y anunciado que no se referirá más al asunto.

El presidente de Costa Rica, Carlos Alvarado, dijo que se deben cumplir "las garantías para las mujeres denunciantes en este y cualquier caso para que se proceda como corresponda" y también "el derecho a la defensa" del expresidente Arias.

La expresidenta Laura Chinchilla, quien fue vicepresidenta entre 2006 y 2008 del segundo Gobierno de Arias, expresó en las redes que ha sido defensora de los derechos de las mujeres y que condena "toda conducta de violencia y acoso de cualquier naturaleza hacia las mujeres".

"La experiencia confirma que para las mujeres víctimas de acoso sexualresulta difícil denunciar el caso por las relaciones de poder que operan en su contra y las intimida, y por la estigmatizan de que pueden ser objeto. Como sociedad tenemos la obligación de apoyar a las víctimas para que rompan su silencio y los abusos no queden impunes", afirmó.

Sobre el caso de Arias, señaló que "la justicia está obligada a actuar con celeridad y seriedad", y que "ante el rechazo de cargos que ha hecho don Oscar, se le deberá garantizar su derecho a la defensa y a plantear su descargo".

La presidenta del Congreso, Carolina Hidalgo, también se pronunció y mostró su esperanza en que el proceso judicial sea respetuoso con las partes y se haga justicia.

La abogada especialista en derechos humanos Larissa Arroyo explicó que la violencia de género es un problema estructural en Costa Rica que deja en evidencia los fallos del sistema judicial.

Arroyo, directora de la ONG Asociación Ciudadana Acceder, afirmó que en el caso de violación sexual las leyes sí dan garantías en el proceso penal, pero en los de abusos u hostigamientos no hay garantías y la mujer queda prácticamente al juicio social y público.