Los dirigentes de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) han llegado a Quito como parte de la movilización que han emprendido desde distintos puntos del país para que el Gobierno revierta la reforma económica, si bien el presidente, Lenín Moreno, se mantiene firme desde Guayaquil, a donde ha trasladado el Ejecutivo para prevenir un nuevo estallido de violencia.

La CONAIE, la principal organización indígena de Ecuador, ha convocado a las comunidades nativas de todo el país a marchar hacia Quito para celebrar el miércoles una gran manifestación en la que espera reunir a 20.000 personas. De momento, suman unas 5.000.

"Desde hoy ya está activado y seguiremos", ha dicho el presidente de la CONAIE, Jaime Vargas, sobre el movimiento indígena, en declaraciones a la prensa a su llegada a la capital ecuatoriana, según informa el diario local 'El Comercio'.

La CONAIE ya ha emitido un comunicado en el que condena la violencia y llama a los suyos a protestar pacíficamente, al tiempo que se ha desmarcado de "la plataforma golpista del 'correísmo'", en alusión al ex presidente Rafael Correa y sus seguidores, a los que ha acusado de "aprovecharse" de la lucha indígena.

Los indígenas se han concentrado en el parque de El Arbolito y en la Casa de la Cultura, donde han celebrado una asamblea para tomar decisiones. Entre ellas, han acordado reforzar los controles internos para detectar y detener a los "infiltrados" a los que culpan de la violencia. De acuerdo con 'El Universo', los indígenas han comenzado a aplicar su propia justicia a los supuestos "infiltrados" después de que se registraran los primeros incidentes de la jornada en Quito.

La afluencia masiva de manifestantes a Quito ha provocado importantes problemas en la capital ecuatoriana. Los indígenas han cortado el tráfico en algunos puntos de acceso y en el interior de la ciudad. El servicio de transporte público ha sido suspendido.

La inestabilidad va más allá de Quito. Así, el Gobierno ha suspendido las clases en todo el país, algunas instituciones han enviado a casas a sus trabajadores y las autoridades municipales de ciudades como Pichincha han cancelado los actos públicos. Solo durante este martes se han registrado incidentes en 21 provincias.

Destaca la imagen del Palacio de Carondelet, sede del Gobierno de Ecuador, fuertemente custodiado por las Fuerzas Armadas para evitar posibles ataques mientras Moreno y su Gabinete permanecen en Guayaquil. El lunes por la noche ya se produjeron ataques contra la Asamblea Nacional y la Contraloría.

El presidente ordenó el traslado del Ejecutivo desde Quito a Guayaquil, la segunda ciudad del país, y ha celebrado allí una reunión con representantes de todos los poderes del Estado, tras lo cual se espera que Moreno se dirija de nuevo a la nación. La situación que se vive en Quito y otros lugares contrasta con Guayaquil, que por ahora está en calma.

Policías y militares se han desplegado en los principales accesos a la ciudad ante la posibilidad de que la marcha indígena decida avanzar hacia esta localidad costera.

El origen de las protesta son las medidas económicas anunciadas por Moreno el pasado 1 de octubre, el ya conocido como "paquetazo", un plan de ajuste exigido por el Fondo Monetario Internacional (FMI) a cambio de una inyección de 4.200 millones de dólares.

Los transportistas protagonizaron las primeras manifestaciones contra la retirada de los subsidios al combustible, si bien rápidamente se fueron sumando otros sectores, entre los que destacan los indígenas, hasta que el pasado jueves estallaron los disturbios.

En estos días, una persona ha muerto, decenas han resultado heridas, entre ellas una grave, y al menos 570 han sido detenidas, la mayoría por "actos vandálicos", a causa de los enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas de seguridad.

Moreno ha declarado el estado de excepción, que en un principio estaba pensado para 60 días, si bien el Tribunal Constitucional lo ha reducido a 30, y ha ofrecido diálogo a los manifestantes, aunque avisando de que no recuperará las ayudas públicas a la gasolina y el diésel.

Este mismo martes, Leonidas Iza, presidente del Movimiento Indígena de Cotopaxi, que forma parte de la CONAIE, ha establecido dos requisitos para sentarse a la mesa de negociaciones: que Moreno dé marcha atrás en la retirada de la subvención al combustible y la salida de los ministros de Defensa, Oswaldo Jarrín, e Interior, María Paula Romo, a los que los manifestantes culpan de la represión.

En este contexto, el Sistema de Naciones Unidas en Ecuador trasladó el lunes a Ecuador "su disposición a acompañar en la búsqueda de acuerdos que favorezcan a la sociedad en su conjunto" y este martes el Gobierno ha aceptado dicho acompañamiento para favorecer "el retorno a la paz social y entendimientos dentro del país".

La ONU ha expresado "su preocupación por la escalada de violencia" en el país, instando "a todos los actores a mantener la calma y buscar consensos a través de un diálogo inclusivo y efectivo que permita continuar construyendo una cultura de paz en Ecuador".

La Organización de Estados Americanos (OEA), ha llamado igualmente al diálogo y ha condenado la violencia, rechazando específicamente "cualquier forma de interrupción" del Gobierno de Moreno, anticipándose así a un eventual golpe de Estado. "La Secretaría General considera fundamental que todas las partes respeten el término constitucional por el que fue electo el presidente", ha subrayado.

Moreno denunció el lunes, en un mensaje dirigido a la nación, que el ex presidente Rafael Correa --otrora su aliado-- y el mandatario venezolano, Nicolás Maduro, pretenden perpetrar un "golpe de Estado" contra su Gobierno. "Los golpistas son ellos", ha contestado Correa.