El Gobierno está estudiando las circunstancias en las que se ha producido la detención de un petrolero que llevaba crudo a Siria por parte de las fuerzas de seguridad de Gibraltar y de la Marina británica, por si afecta a la soberanía española.

"Estamos viendo de qué manera afecta a nuestra soberanía, en la medida en que se ha producido en unas aguas cuya soberanía entendemos que es de España", ha avanzado el ministro de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación en funciones, Josep Borrell.

España no reconoce a Gibraltar más aguas que las del puerto, porque en el Tratado de Utrecht no se cedieron, pero Reino Unido y el Peñón entienden que el mar que rodea el territorio son "aguas territoriales británicas de Gibraltar" y el área es escenario de incidentes frecuentes.

Borrell ha asegurado que España tenía conocimiento de la operación que se iba a producir y ha detallado que había patrulleras de la Guardia Civil "securizando la zona".

Sin embargo, ha añadido que el Gobierno está "estudiando las circunstancias en que se ha producido" la operación, que ha dicho fruto de "una petición de Estados Unidos a Reino Unido".

Irán convoca al embajador de Reino Unido

Irán ha convocado al embajador del Reino Unido en Teherán con relación a la detención en Gibraltar de un superpetrolero iraní que transportaba crudo a una refinería en Siria.

Según se hacen eco los medios británicos, la televisión estatal iraní ha citado al portavoz del ministro de Exteriores de ese país, Abbas Mousavi, que calificó de "ilegal" la captura del buque.

El superpetrolero fue interceptado por un destacamento de la Marina británica, acusado de transportar petróleo a Siria, un país que vive un conflicto armado desde hace ocho años y que está sujeto a sanciones impuestas por la Unión Europea (UE).

Las autoridades de Gibraltar ha señalado en un comunicado emitido por el ministro principal del Peñón, Fabián Picardo, que el buque -llamado "Grace 1"- y la carga fueron intervenidos después de que se recibiera información que generó "motivos razonables" para creer que se estaban "infringiendo" las sanciones europeas.

El Consejo de la UE prorrogó durante otro año, hasta el 1 de junio de 2020, las sanciones en vigor contra el régimen de Siria y sus defensores, al considerar que "la represión contra la población civil no ha remitido".

Al margen de estas sanciones, la UE aplica a Siria un embargo de petróleo, restricciones a determinadas inversiones o la congelación de los bienes del Banco Central sirio en suelo europeo.