España considera que la "única salida" para la crisis en Venezuela es la convocatoria de unas elecciones presidenciales que se celebren con "garantías y supervisión de la comunidad internacional" y a las que puedan presentarse "todos los líderes políticos opositores".

Así lo ha asegurado el ministro de Asuntos Exteriores, Josep Borrell, en su comparecencia ante la comisión de Asuntos Exteriores del Congreso para explicar la situación en Venezuela y la posición del Gobierno ante la crisis en aquel país. A las elecciones deberán poder "concurrir en igualdad de condiciones todas las formaciones políticas opositoras que fueron inhabilitadas" en lo anteriores comicios, cuya legitimidad cuestionó la comunidad internacional.

Además, deberán ser supervisadas por un Consejo Nacional Electoral "con una composición equilibrada a diferencia del actual" la gran mayoría de cuyos miembros son "personas afines al régimen" y algunas incluso figuran en la lista de personalidades sancionadas por la UE, ha precisado Borrell. "El objetivo es la celebración de unas elecciones conformes a su ordenamiento interno y de acuerdo con estándares internacionales aceptados para unas elecciones democráticas", ha subrayadol.

Y ha añadido que, "en el caso de que Maduro no atienda esta petición, se reconocerá a Guaidó como presidente interino de la República, como presidente que es de la Asamblea Nacional para que, de acuerdo con las previsiones constitucionales, en los 30 días que la constitución le da como plazo, proceda en consecuencia".

La posición española, ha subrayado, "va más allá" que la pactada en la UE y que esta propuesta "servirá de base" para las discusiones en el Consejo de Ministros de Exteriores de la UE que se celebra mañana en Bucarest. Borrell también ha asegurado que, a diferencia de lo que ha mantenido Estados Unidos, "no todas las soluciones están sobre la mesa", ya que España rechazará y está trabajando para "que no se produzca ninguna clase de solución militar, ni del exterior".

Además, el ministro ha subrayado la labor que está desarrollando su departamento para proteger a los más de 160.000 españoles en Venezuela en coordinación con las Comunidades Autónomas de Asturias, Canarias y Galicia, de donde proviene la mayoría. Así, ha asegurado que el Gobierno está elaborando un plan de retorno de españoles que reflejará "particular consideración" con los españoles residentes en Venezuela "para asignarles recursos adicionales".