El fiscal general de Bolivia, Juan Lanchipa, dijo este lunes que ha citado al expresidente y líder del oficialismo, Evo Morales, para que declare sobre un caso de presunta "trata de menores" y "estupro", que deberá realizar el jueves en la región de Tarija.

"Se han dispuesto la citación de las tres personas sindicadas en este caso, entre ellos el señor Evo Morales, y los padres de la víctima para el día jueves 10 de octubre en la fiscalía departamental de Tarija", indicó Lanchipa en declaraciones a medios locales.

Morales también fue señalado por el ministro de Justicia, César Siles, de estar involucrado en una investigación por la posible "violación" de una menor, con quien habría tenido un hijo y por crear una red de jóvenes de entre 14 y 15 años para tener a su disposición durante su presidencia a la cual llamó "Generación Evo". La denuncia a la que se refiere Siles también dice que los padres de la supuesta víctima se "lucraron" con ella al entregarla al expresidente a cambio de favores.

El pasado miércoles, la fiscal departamental de Tarija Sandra Gutiérrez denunció que fue despedida de su cargo por el fiscal general por querer ejecutar una orden de captura contra Evo Morales y reveló el caso de "trata de personas" que lo involucra Pero esa orden de aprehensión contra el expresidente fue frenada por una jueza de Santa Cruz. Sin embargo, un juez ordenó la restitución de Gutiérrez en su cargo y Lanchipa confirmó esta jornada que la fiscal Gutiérrez recuperó su cargo.

Morales afirma que las acusaciones son parte de una "persecución política" en su contra para evitar que se presente como candidato presidencial a las elecciones de 2025. "El lawfare es el nuevo Plan Cóndor, ya no asesinan con balas, ahora promueven asesinatos morales a través de sentencias contra los liderazgos populares. Nos iniciaron cuatro procesos judiciales de forma simultánea, todos con acciones forzadas para buscar nuestra aprehensión", escribió este lunes Morales en la red social X.

El Grupo de Puebla, un foro político y académico integrado por representantes de la izquierda política latinoamericana, manifestó su preocupación por la supuesta "campaña de lawfare" por el caso abierto contra el exmandatario boliviano. "A pesar de todos los esfuerzos de mediación realizados por un grupo de compañeros del Grupo de Puebla entre el expresidente Evo Morales y el presidente Luis Arce, sus legítimas diferencias parecen trasladarse ahora a los estrados judiciales", expresó el Grupo de Puebla en un comunicado. "Así como con Lula y Cristina (Fernández de Kirchner), buscarán proscribir nuestra participación en los siguientes procesos electorales para allanar el camino a gobiernos de derecha. Así como con el hermano Rafael Correa, esta acción proviene de la traición", señaló Morales.

La investigación y acusaciones surgen en medio de una larga batalla de Morales con el presidente Luis Arce por el control del oficialista Movimiento al Socialismo (MAS) y el Ejecutivo boliviano. La denuncia por trata de personas se presentó el 26 de septiembre, tres días después que Morales, tras una marcha e 187 kilómetros por el altiplano boliviano, diera un ultimátum a Arce, diciendo que "si quiere seguir gobernando" debía destituir a sus ministros, lo que fue calificado por el Gobierno como un intento de "golpe de Estado".