La Fiscalía acusó en un primer momento al exministro de Interior Habib al Adli y a seis de sus ayudantes por complicidad en el asesinato de cientos de manifestantes en la revuelta que desbancó en 2011 a Mubarak, pero no incluyó "como debía" a este último entre los procesados, sino que lo hizo después, según el tribunal que emitió el fallo el pasado sábado. El juez absolvió a Al Adli y sus asesores, mientras que desestimó los cargos presentados contra Mubarak.

Una situación que en nada se parece a la que afrontaron el "rais" y su ministro de Interior en un primer juicio, que fue anulado por irregularidades y que estipulaba la cadena perpetua para ambos. Según la nueva sentencia, Mubarak también quedó absuelto, junto a sus hijos Gamal y Alaa, y al empresario fugado Husein Salem, de dos casos de corrupción vinculados a la venta irregular de crudo a Israel (por falta de pruebas) y la adquisición de cinco mansiones en la localidad de Sharm el Sheij (por la prescripción del delito).

La Fiscalía General decidió presentar un recurso contra las sentencias exculpatorias dictadas a favor del expresidente Hosni Mubarak, sus hijos y otros ex altos cargos de seguridad de su régimen. Según la agencia oficial Mena, la decisión fue tomada por el fiscal general, Hisham Barakat, tras estudiar los fallos emitidos por el Tribunal Penal de El Cairo, que han desatado gran controversia.

Antes de ordenar o no su liberación, el Ministerio Público también está contando los días que Mubarak, actualmente bajo arresto domiciliario en un hospital cairota, ha pasado en prisión preventiva desde que fuera detenido en abril de 2011.

La clave está en saber si el exmandatario ha cumplido ya los tres años de cárcel a los que fue sentenciado en mayo pasado por apropiación indebida de fondos públicos, relacionados con el presupuesto de los palacios presidenciales, señaló el director de la Red Árabe para la Información sobre Derechos Humanos, Gamal Eid.

En caso de no ser liberado próximamente, Mubarak tendría una segunda posibilidad para escapar de la cárcel si finalmente el próximo 13 de enero un tribunal acepta un recurso para anular esa condena y ordena su repetición.

Eid expresó el "cabreo" de los grupos de derechos humanos ante "la existencia de una política de impunidad y un acercamiento del régimen actual al de Mubarak". Sin embargo, dijo no sentirse "sorprendido" por la decisión del juez, porque ya hubo "muchos casos de oficiales de la policía que fueron absueltos (de la muerte de manifestantes) mientras se condenaba a los activistas" por protestar contra las autoridades.

Por su parte, el investigador de Amnistía Internacional Mohamed el Mesiry consideró que este último fallo demuestra la "justicia selectiva" que existe en Egipto y su falta de "imparcialidad e independencia".  Por eso, abogó por una pesquisa internacional mediante los mecanismos de la ONU cuando las investigaciones en el país "fracasan por completo". En las calles, la reacción contra esa sentencia se tradujo en limitadas manifestaciones de jóvenes islamistas y revolucionarios, las cuales fueron reprimidas por las fuerzas de seguridad.

Mientras el presidente del país, Abdelfatah al Sisi, no quiso comentar el fallo y apuntó que Egipto no retrocederá al pasado, varios partidos políticos pidieron explicaciones por lo que consideran que fue una decisión judicial "decepcionante".

Abdeltauab rechazó que Mubarak pueda volver al poder, aunque sí podría "acercarse a él como asesor político imprescindible". Tampoco descartó que los miembros de su ilegalizado Partido Nacional Democrático (PND) regresen a la política con una nueva formación apoyada por Al Sisi.

El analista consideró que existe "un trato entre Mubarak y los hombres de Al Sisi", por el que Mubarak habría aceptado alejarse del poder "a cambio de seguridad, libertad y dinero". Y puso como ejemplo de "complicidad del régimen" el "alarmante" despliegue de seguridad el pasado fin de semana por temor a las protestas islamistas, pero también para "controlar las calles" ante el brote de manifestaciones contra la polémica sentencia.