El Gobierno de Países Bajos ha presentado este viernes su dimisión en bloque tras la polémica generada por ilegalidades administrativas en las ayudas a familias con hijos, que afectaron principalmente a padres de origen extranjero y llevaron a muchos a endeudarse para poder devolver lo recibido a la agencia tributaria.

A tan solo dos meses para las elecciones legislativas, el gabinete dirigido por Mark Rutte ha asumido la responsabilidad política por lo ocurrido, considerado por la prensa neerlandesa como el mayor escándalo político y administrativo de todas las legislaturas del dirigente liberal, que lleva en el poder desde 2010.

Según la televisión pública 'NOS', el Ejecutivo permanecerá en funciones hasta los comicios del próximo 17 de marzo, lo que le permitirá seguir gestionando la pandemia de coronavirusy aplicando las restricciones necesarias como parte del actual confinamiento, que mantiene cerrada toda la actividad no esencial en el país.

La dimisión del Gobierno se antojaba inminente desde hace días y los cuatro partidos que forman la coalición se han reunido varias veces para negociar una decisión. Según el canal holandés 'RTL Nieuws', todos los socios apostaban por la renuncia, pero Rutte se resistía a dar el paso y solo le habrían hecho ceder las amenazas de los otros partidos de retirarle su apoyo parlamentario.

El escándalo

El escándalo que ha precipitado la caída de su Gobierno se remonta al año 2014, cuando la Agencia Tributaria empezó a enviar cartas a más de 26.000 familias acusándolas de fraude para obtener ayudas para las guarderías de sus hijos y les exigió devolver decenas de miles de euros en plazos de apenas semanas, lo que llevó a muchos a perder su casa y a endeudarse para reunir el dinero.

Las autoridades fiscales, que seguían bloqueando las ayudas a pesar de que las familias enviaban los documentos para justificar su derecho a la prestación, no daban explicaciones a los afectados y posteriormente se demostró que la mayoría eran familias de origen extranjero y que su segunda nacionalidad estaba señalada en los documentos oficiales, algo ilegal por discriminatorio.

Hace un mes, un comité parlamentario designado para investigar lo ocurrido concluyó que se había cometido una "injusticia sin precedentes" contra estos padres, que recibieron un "trato institucionalmente sesgado", lo que "viola los principios del Estado de derecho", y acusó a ministros, funcionarios, diputados y jueces de haber "cometido errores".