Un informe interno del Servicio Secreto de EE.UU. publicado este viernes concluyó que los fallos de seguridad que cometió el órgano de élite encargado de vigilar a los presidentes y figuras políticas de primer nivel es el responsable del atentado que sufrió el expresidente Donald Trump (2017-2021) el pasado mes de julio, en el que resultó herido en una oreja.
La revisión interna elaborada a raíz del suceso -una de las múltiples investigaciones que se están realizando sobre el incidente- concluyó, entre otras cosas, que los agentes que se encontraban vigilando al expresidente mientras ofrecía un mitin en Butler (Pensilvania) no tenían la capacidad técnica de comunicarse con la policía local.
Tampoco para detectar drones el día del mitin, afirma el reporte, que también aclara que los agentes no hablaron previamente sobre cómo se debía proteger un complejo de almacenes que rodeaba el lugar.
El pasado 13 de julio, Trump fue herido de bala en una oreja mientras participaba en un mitin en Butler (Pensilvania). El tirador, un joven de 20 años que fue abatido después por agentes del Servicio Secreto, disparó desde un tejado a unos 140 metros del expresidente, aunque fuera del perímetro de seguridad.
Las fuertes críticas surgidas después de lo sucedido provocaron la dimisión de la directora del Servicio Secreto, Kimberly Cheatle, quien describió el atentado como "el fallo operativo más significativo del Servicio Secreto en décadas".
El escrutinio sobre la agencia ha aumentado en los últimos días después de que el pasado domingo Trump sufriera un segundo intento de asesinato mientras jugaba al golf en Florida a manos de un hombre que estuvo durante horas merodeando el recinto y que no llegó a realizar ningún disparo con el rifle AK-47 equipado con una mira telescópica que llevaba.
En una rueda de prensa, el actual director en funciones del Servicio Secreto, Ronald Rowe, afirmó hoy que Trump está recibiendo actualmente "el nivel más alto de protección posible", una seguridad que está al mismo nivel que la del presidente Joe Biden y la candidata Kamala Harris.
Así, el pasado domingo, en el campo de golf propiedad de Trump en West Palm Beach (Florida) "había elementos de contra francotiradores que estaban presentes" y "un equipo completo de contraataque que estaba allí en las proximidades". El agente que divisó al atacante "identificó una amenaza, un individuo con un arma larga, y tomó decisiones rápidas y actuó con rapidez para poder mitigarla".
"No se disparó contra el expresidente, el expresidente no estuvo expuesto", afirmó, y la detención fue una muestra de que "los procedimientos funcionan" y "ese alto nivel de protección está funcionando".
El suceso del domingo llevó a varias figuras públicas, entre ellos el presidente Joe Biden, a pedir que el Servicio Secreto reciba más fondos. Precisamente en las últimas horas la Cámara de Representantes aprobó por unanimidad una legislación urgente bipartidista que aumentaría la protección del Servicio Secreto para los candidatos presidenciales de ambos partidos, Trump y Kamala Harris, así como para sus compañeros de fórmula a la vicepresidencia.
Más Noticias
- Guerra Ucrania - Rusia, en directo | Ucrania intenta frenar los avances de Rusia en la línea del frente y en el este
- Guerra Israel - Hamás, en directo | Israel informa de la muerte de dos altos mandos de Hizbulá en ataques sobre el sur de Líbano
- Kamala Harris o Donald Trump, el tenso 'sprint' final de una campaña electoral llena de polémicas
- Kamala Harris y Donald Trump ofrecen dos mítines en estados claves de EEUU a 48 horas de las elecciones
- Abren caso de trata y abusos en Argentina contra Evo Morales por denuncia de un exministro
El proyecto de ley tiene solo tres páginas y, si se convierte en ley, Trump y Harris recibirían el mismo estándar de protección de Seguridad Secreta que el presidente Joe Biden, algo que según Rowe ya está sucediendo. De hecho, no está claro que la ley vaya a prosperar porque tiene que ir al Senado, cámara que está buscando que se incluyan los fondos adicionales para el Servicio Secreto en el proyecto de ley de financiación provisional que el Congreso debe aprobar antes del 30 de septiembre para evitar un cierre del Gobierno.