Peter Dutton, ministro de Inmigración, ha recibido la orden del Tribunal Federal de Justicia australiano de no forzar el aborto de una inmigrante que ha sido expulsada del país tras denuciar haber sido violada en un centro de internamiento australiano y que ahora tiene intención de abortar en Australia.
El tribunal ha rechazado el procedimiento de expulsión a Papúa Nueva Guinea porque en ese país, además de ser ilegal el aborto salvo en casos de riesgo para la salud de la madre, no hay medios seguros para la realización de esta práctica, según han comunicado los medios australianos. No obstante, el aborto sí es legal en la isla australiana donde está el centro de detención donde fue violada, en Nauru.
La inmigrante, de origen africano y que ya ha sido identificada en los documentos judiciales únicamente con el nombre 'S99', ha denunciado haber sido violada tras desmayarse y quedar inconsciente en un centro de detención tras intentar alcanzar las costas australianas en barco.
La joven se encuentra ya en la ciudad de Puerto Moresby, la capital de Papúa Nueva Guinea, donde fue deportada, pero su abogado, George Newhouse, ha asegurado que, tras la sentencia, debería poder ser llevada de vuelta a Australia para el aborto. "El tribunal ha dejado claro que el ministro debe darle opción (al aborto) en un lugar seguro y legal", ha argumentado. "Sus complicaciones neurológicas y ginecológicas exigen que sea tratada en un lugar con un cierto nivel de atención y no se da ni en Nauru ni en Papúa Nueva Guinea", ha apostillado.
Sin embargo, el dictamen judicial prohíbe a Dutton organizar el aborto en Papúa Nueva Guinea y reconoce dejación de funciones del ministro, pero no le ordena reubicar a la chica en Australia. Desde el Gobierno han respondido tras la decisión judicial que el caso está "bajo consideración". "No tiene medios. Ha dependido y depende del ministro para alimentarse, tener un techo, seguridad y atención sanitaria", señala el dictamen del tribunal.