May precisó que se concederá el estatus británico de establecimiento a cualquier ciudadano de la UE en el Reino Unido con cinco años de residencia en una fecha específica entre el momento de activación del artículo 50 de los tratados para la salida del país (marzo de 2017) y el momento de la marcha del país, prevista para marzo de 2019.
A estas personas se las tratará como si fueran ciudadanos británicos en lo que respecta a la asistencia sanitaria, la educación, los beneficios y las pensiones. A cualquier ciudadano de la UE con menos de cinco años de residencia que llegue antes de una fecha de corte se le dará tiempo para quedarse hasta que cumpla esos cinco años para poder obtener el estatuto británico de establecimiento.
Según la primera ministra británica, esa fecha específica de corte, que aún debe ser discutida, no debe ser anterior a la activación del artículo 50 ni posterior a la de salida del país de la Unión. May también habló de un periodo de gracia cuya duración aún debe ser determinada, pero que espera que no sea superior a dos años, a fin de permitir que los europeos regularicen su estatus en el país.
Además, insistió en que todos los ciudadanos que lleguen antes de que el Reino Unido deje la UE tendrán la oportunidad de regularizar su situación según las nuevas normas. Hasta que el Reino Unido sea un Estado tercero, dejó claro que todos los europeos residentes allí tendrán sus derechos protegidos.
May hizo hincapié en el compromiso de que no se pedirá a ningún ciudadano de la UE que vive actualmente de forma legal en el Reino Unido que deje el país en el momento de la salida, y en que todos los ciudadanos europeos que residen legalmente tendrán la oportunidad de regularizar su estatus al producirse el "brexit" para quedarse.
Igualmente, señaló que el sistema para aplicar esta normativa será lo más simplificado posible y avanzó que la semana próxima dará más detalles. El Reino Unido no quiere que nadie tenga que irse ni que familias sean separadas, aseguró May, según las fuentes británicas.