Diversas marchas mutitudinarias se repiten este fin de semana en Estados Unidos para protestar contra la posible ilegalización del aborto en numerosos estados. En ciudades como Los Ángeles o Chicago los manifestantes han salido a la calle para defender un derecho adquirido hace casi medio siglo.

Sin embargo, la mayoría de las grandes empresas estadounidenses han optado por guardar silencio después de que el pasado día 2 se filtrara un borrador del Tribunal Supremo que, de salir adelante, supondría la ilegalización el aborto a nivel federal y dejaría su regulación a los estados, muchos de los cuales están legislando para prohibirlo.

Hasta el momento, solo un puñado de corporaciones se han posicionado a favor y algunas, como Amazon o Citigroup, han anunciado incluso medidas para apoyar a las trabajadoras que quieran abortar en estados en los que se han aprobado leyes restrictivas con el derecho al aborto.

Un total de 23 estados de tendencia conservadora han legislado contra el aborto, obligando a las mujeres que quieran interrumpir su embarazo a viajar a otros, lo que pone en un gran aprieto a las personas más pobres que no pueden permitirse los gastos que conlleva el desplazamiento y la intervención médica.

Una larga lista de grandes corporaciones como Wallmart -la mayor cadena de supermercados del país-, las principales entidades financieras, las aerolíneas, empresas de entretenimiento como Walt Disney o gigantes tecnológicos como Microsoft han evitado tomar partido o dar su opinión.

Una decisión que no se espera hasta junio

A la preocupación por las consecuencias de una determinada postura ante un tema tan divisivo como el aborto, se suma el hecho de que la filtración ha pillado a contrapié a todo el país, ya que el pronunciamiento definitivo de la Corte Suprema no se espera hasta el próximo junio.

Aunque dada la clara mayoría de jueces conservadores en este órgano (seis), frente a los progresistas (tres), políticos y activistas favorables a la interrupción del embarazo temen que su decisión favorezca al que se denomina "campo pro vida".

Lo que sí se han escuchado son las voces de políticos y activistas de la sociedad civil que no quieren ver cercenado este derecho a nivel federal, y que está vigente desde 1973. Desde concentraciones en las principales ciudades del país, hasta denuncias de políticos demócratas, con el presidente estadounidense, Joe Biden, a la cabeza, la repulsa a una eventual prohibición de este campo ha sido clara.