La asistencia humanitaria a los refugiados a título personal, como las que llevan realizando desde hace meses turistas o residentes locales para rescatar a los inmigrantes que llegan a Europa, podría criminalizarse o marginarse según la decisión que está preparando el Consejo de Ministros de la Unión Europea. 

De resultar aprobada, esta nueva normativa obligaría tanto a las ONG, como a voluntarios o simples individuos, a registrarse antes de prestar ayuda a los inmigrantes, según un documento oficial del Consejo de Ministros de la Unión Europea al que ha tenido acceso Statewatch, una organización por las libertades y derechos civiles en Europa.

Además, el documento confidencial, con fecha del 26 de enero, no menciona la exención de la que disfrutaban agencias humanitarias y cooperantes, que les protege de acusaciones de complicidad con los contrabandistas de personas.

En ese sentido, la ley europea dictamina que "cualquier estado miembro puede abstenerse de sancionar un comportamiento que pudiera estar asociado con el contrabando siempre y cuando el objetivo de este comportamiento sea el de proporcionar asistencia humanitaria".

El director de Statewatch, Tony Bunyan, advierte de que las propuestas del Consejo de Ministros "criminalizarían a las ONG, a los residentes y voluntarios que trabajan heróicamente para dar la bienvenida a los refugiados en un momento en que las instituciones europeas no están haciendo absolutamente nada".

"Una más Unión Europea humana no tendría necesidad de registrar a aquellos que ofrecen ayuda a gente que ha perdido prácticamente todo", declara Bunyan.

Asimismo se pronuncia Steve Peers, profesor de Derecho de la Universidad de Essex, quién advierte de que sin la exención mencionada, "quedaría sin reconocer la labor crucial que efectúan los residentes locales y los voluntarios a la hora de rescatar y proteger a los inmigrantes que cruzan el Mediterráneo".

Registro en Lesbos
Statewatch recoge documentos que apuntan a una inciativa europea que se traduciría en un dictamen del Gobierno griego por el que se exigiría a los voluntarios que se registraran en una base de datos antes de proporcionar ayuda a los inmigrantes.

El caso más radical tendría lugar en la isla de Lesbos, uno de los principales puntos de entrada, donde se exigiría tal registro a todos los ciudadanos de la isla, según un documento del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) con fecha del 21 de enero.

Esta iniciativa griega serviría de experimento que se aplicaría a otros "puntos calientes" de llegada de refugiados, tal y como queda reflejado en un informe de progresos de la Comisión Europea, con fecha de diciembre de 2015, que describe un "sistema estructurado de puntos oficiales de desembarque".

Manos atadas
La iniciativa de la UE que denuncia Statewatch pone de manifiesto las habituales fricciones entre la voluntad humanitaria y la normativa internacional sobre contrabando de personas. El pasado mes de diciembre al menos 31 refugiados perecieron en las aguas del Egeo sin que los cooperantes pudieran hacer nada por sus vidas porque tenían prohibido proporcionar ayuda hasta que el barco dejara aguas turcas.

"Así funciona el salvamento, nosotros intentamos impedir que la gente se ahogue, pero como no están en aguas internacionales no podemos hacer nada", lamentó a ABC News el cooperante australiano Simon Lewis, cuyo equipo de rescate no fue informado de la existencia de la barca hasta que no cruzó la línea divisoria marítima.